La capacidad de movilización del Sindicat d’Habitatge de Nou Barris, que había convocado para este viernes por la mañana concentraciones en varios puntos del distrito barcelonés de Nou Barris, ha conseguido detener tres de los 21 desalojos que había programados solo en esta jornada.

El portavoz del sindicato ha explicado a 20.minutos que Justicia había programado 21 desahucios para este viernes 14 de enero y que, de esta veintena, 12 se suspendieron o aplazaron el día antes, el pasado jueves, por diferentes casuísticas.

De los 9 restantes que estaban previstos este viernes, tres finalmente no se han llevado a cabo. Los concentrados se han dividido en dos comitivas por el distrito para frenar los desalojos de Wagner, Sabrina y Maati, entre otros afectados por esta ola de desahucios en uno de los distritos más desfavorecidos de Barcelona. Tras mediar a favor de las víctimas, las expulsiones se han podido aplazar hasta los meses de febrero y marzo.

Desde el sindicato han explicado que en el caso de estos desahucios había menores de edad y no se les estaba protegiendo. Ha sido en el caso de Sabrina, una madre con dos hijos de tres y cuatro años, respectivamente.

La orden era echar la puerta abajo, pero ni los Mossos d’Esquadra ni los Servicios Sociales estaban convocados. 

Positivos por Covid entre uno de los hogares afectados 

En otro de los casos de este viernes, los residentes en el domicilio amenazado han dado positivo por Covid-19 y, por lo tanto, no podían ser desalojados.

Ahora, los desahucios se han reprogramado para febrero y marzo. Desde el sindicato dicen que el próximo paso será “buscar cualquier resquicio legal para defender a los inquilinos”. También dicen que será Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona quien tenga que “negociar mucho con la SAREB”. Además, han mencionado que muchas de estas viviendas pertenecen a macro fondos de especulación inmobiliaria como Mágico Capital.

La moratoria termina el 28 de febrero

La moratoria del Gobierno español para frenar los desahucios durante la pandemia llega a su fin el próximo mes de febrero y desde los sindicatos de vivienda avisan de lo que puede provocar: “Creemos que están programando muchos desalojos de cara a que se acabe la moratoria”.

Este nuevo decreto suponía la suspensión de los desahucios a familias sin alternativa de vivienda y prohibía cortar el suministro de luz, gas o agua a familias y personas vulnerables o en riesgo de exclusión social durante la pandemia. Además, también protegía a todos aquellos que fuesen personas dependientes, menores de edad o víctimas de violencia de machista en situaciones precarias.