El 42% de las entidades del Tercer Sector del Área Metropolitana de Barcelona -zona que concentra casi la mitad de la población catalana-, afirman que la administración pública tiene alguna deuda con ellas. En casi todos los casos, el 92%, quien les debe dinero es la Generalitat de Catalunya. Esto se da, en parte,  porque es la administración que más financiamiento aporta a estas organizaciones. 

En este contexto de crisis social derivada de la pandemia, las entidades del tercer sector han constituido un servicio considerado “esencial” para los colectivos vulnerables. Al no recibir las subvenciones en el tiempo esperado por parte de las administraciones, muchas de las organizaciones han tenido que continuar prestando sus servicios sin haber recibido el pago de los mismos.

“Esto supone, muchas veces, tener que pedir créditos para seguir funcionando, y retrasar la renovación de algunos servicios y contratos”, ha explicado Anna Albareda, gerente de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, este martes durante la presentación del Barómetro 2021.

“Esto supone tener que pedir créditos para seguir funcionando, y retrasar la renovación de contratos”

El motivo del endeudamiento, en palabras de Albareda, es que “han tardado mucho en salir las resoluciones finales de las subvenciones”, a causa de un parón de los plazos administrativos provocado por la pandemia.

Igualmente, las propias entidades también reconocen que muchas administraciones han llevado a cabo contrataciones de emergencia para dar respuesta a la Covid-19, especialmente los grandes ayuntamientos, que son los que disponen de más recursos. Este es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que en 2021 gastó más de 25 millones de euros en subvenciones.

Las subvenciones públicas representan el 71% de los ingresos de las entidades sociales, y la mitad provienen de la Generalitat

Para las entidades sociales, el financiamiento público representa el 71,1% de sus ingresos, mientras que el 19,3 % es propio y, el 9,6 %, privado. Si nos fijamos en los ingresos públicos, el 49,3% provienen de la Generalitat, el 35,6% de los ayuntamientos, el 4,5% del Estado español y el 10,6% de otras administraciones. Sobre estos datos, Albareda ha expresado que “el financiamiento privado podría ser mayor”.

Reorganización de los servicios

Además de los datos económicos, el Barómetro 2021 del tercer sector social del AMB también muestra que el 92% de las entidades sociales han tenido que "intensificar esfuerzos" para hacer frente a los efectos de la crisis social derivada de la pandemia, y el 56 % reconoce que ha tenido que "adaptar" sus servicios a esta nueva realidad.

En esta reorganización, las acciones que han priorizado las entidades son: la atención psicológica, la violencia machista, la alimentación, la emergencia habitacional y ayuda a personas sin hogar, la exclusión social y el soporte digital o administrativo. 

Buena parte de las actuaciones han tenido que ver con la salud mental, la violencia machista y la alimentación

Asimismo, los colectivos que más han requerido de su soporte son: las personas que viven de la economía sumergida, las mujeres víctimas de violencia machista, las personas migradas, las personas sin hogar y jóvenes en riesgo de exclusión.

La pandemia también ha acelerado la digitalización del tercer sector, y las entidades sociales han tenido que invertir para conseguir las herramientas necesarias para atender a los usuarios por vía telemática. El 90% han hecho actuaciones de digitalización, lo que también les ha afectado en el plano económico. Este "esfuerzo" ha representado, de media, el 14% del gasto de las entidades.