La fiscalía pide dos años de prisión para un hombre que acosó a una familia marroquí que vivía en el piso de debajo de su casa, en Barcelona. El hombre, a causa del origen de los vecinos, les trató de hacer la vida imposible con gritos, ruidos, insultos racistas y lanzamiento de objetos a su terraza. Vivían en un bloque propiedad del Ayuntamiento de Barcelona que destina los pisos a personas en situación de vulnerabilidad por razón de edad o discapacidad.
El acusado, J.E.J.G., vive justo en el piso de arriba de una familia marroquí formada por un hombre de 77 años, su esposa, enferma de cáncer, y su hija, con una discapacidad mental severa. Esta família accedió al piso en abril de 2019.
Según el ministerio público, desde entonces y hasta al menos noviembre de 2020, el acusado, "movido por su animadversión al origen marroquí de esta familia, los ha "sometido con una frecuencia prácticamente diaria a una situación de insoportable fustigación, efectuando de forma continuada, tanto en horas diurnas como de madrugada, ruidos molestos a base de golpes". También lanzó a la terraza de la familia vecina lejía y salfumán, basura, restos de comida, en algún caso cerdo, animal impuro para los musulmanes, excrementos, agua sucia y objetos de cristal.
También les mostró objetos contundentes para atemorizarlos, y colocaba carteles difamatorios diciéndoles que eran unos "maltratadores", insultos xenófobos y otros. Al padre de familia le decía "moro de mierda, vete a tu país tú y tu familia". Esta actitud también se proyectaba contra algunas trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona que atendían a la familia marroquí. El 20 de octubre de 2020, el hombre le dijo a una de las trabajadoras, nacida en México, "sudaca de mierda, puta", cuando esta le recriminó haber lanzado salfumán a la terraza de los vecinos.
A causa de la situación, la familia llamó en diversas ocasiones a la Guardia Urbana y ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona un cambio de domicilio.
Por todo ello, la fiscalía le acusa de tres delitos de acoso con el agravante de discriminación, y le pide dos años de prisión, la prohibición de comunicación o aproximación a las víctimas durante tres años más y 6.000 euros de indemnización a la familia, además del coste de reparación de los desperfectos del piso.
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