De la reforma universitaria a la nueva ley del aborto: la agenda social que impulsa el Gobierno para el año 2022

Decenas de personas en la calle Preciados, a 7 de diciembre de 2021, en Madrid (España).
Decenas de personas en la calle Preciados, a 7 de diciembre de 2021, en Madrid (España).
Europa Press
Decenas de personas en la calle Preciados, a 7 de diciembre de 2021, en Madrid (España).

"La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para impulsar las reformas y los avances sociales que España necesita", se vanaglorió el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la Moncloa. En una comparecencia convocada para hacer balance del año, el jefe del Ejecutivo puso en valor las reformas impulsadas a lo largo de 2021 "con vocación de perdurar en el tiempo" gracias a una base de "apoyo” y "acuerdo". Puso como ejemplo algunas de ellas, como la recién aprobada reforma laboral, la de pensiones, la nueva ley educativa y de formación profesional o el Ingreso Mínimo Vital.

Ya en el ecuador de su legislatura, el Gobierno ha cumplido la mitad de los compromisos adquiridos en su investidura, según destacó Sánchez remitiéndose al informe de rendición de cuentas Cumpliendo. Con todo, hay iniciativas sociales que quedaron en el tintero y las cuales se espera poder llevar adelante con la entrada del nuevo año, como la Ley de Trata en la que trabajan los socios de Gobierno, la reforma universitaria, ahora en manos del nuevo ministro Joan Subirats, o la modificación de la ley del aborto.

2021 comenzó con la esperanza y la mirada puesta en la vacunación, cuya campaña había empezado unos pocos días atrás. La estrategia fue una de las medidas 'estrella' del año pasado, pues implicaba el inicio del fin de una pandemia que todavía sigue protagonizando el día a día. En paralelo, se han ido impulsando, aprobando y planteando distintas medidas y políticas sociales, y el Gobierno consiguió poner la guinda al fin de año abanderando una reforma laboral histórica, por el consenso alcanzado por primera vez con sindicatos y patronal tras nueve largos meses de ardua negociación. Así, estas son las iniciativas impulsadas -y por impulsar- en el último año:

Reforma educativa

Uno de los objetivos manifestados por el Ejecutivo fue el de llevar a cabo una exhaustiva reforma de la educación en España. Una actualización del sistema educativo que abarca también a la Formación Profesional y a las universidades, como ejes a fortalecer para paliar con la acusada tasa de desempleo, especialmente alta entre la población joven. 

Y así se hizo. Una vez entró en vigor la LOMLOE en enero de 2020, impulsada por la exministra Isabel Celaá y continuada por su sucesora Pilar Alegría, se empezaron a desarrollar los decretos correspondientes para ir perfilando el nuevo sistema. A lo largo del año se han ido dando a conocer los currículos (enseñanzas mínimas) de las distintas etapas educativas, y el Ministerio de Educación tiene pensado aprobarlos todos en un Consejo de Ministros a principios de año. Se consolida así el cambio de método que pretende integrar el Ejecutivo, por el cual se potencien otras habilidades y competencias más relacionadas con el bienestar socioemocional o la conciencia social, relegando a un carácter excepcional penalizaciones como repetir de curso.

Recientemente se aprobó también la ley de FP en el Congreso de los Diputados, donde, ante la sorpresa del PSOE que había calculado un consenso histórico en la votación, se dio luz verde a la futura norma con el único rechazo del PP. La ley, a la que todavía le queda camino por el Senado para su aprobación definitiva, establece un nuevo sistema de Formación Profesional Dual, basado en el aprendizaje durante todas las etapas de la vida y facilitando el acceso al reconocimiento de la experiencia laboral. 

Más borrascoso está siendo el proyecto de reforma de Manuel Castells, ya exministro de Universidades, cuyo propósito fue siempre el de impulsar una nueva ley con el mayor consenso posible. Dejaba a principios de diciembre su puesto por razones de salud, y pasaba a su sucesor, el catedrático Joan Subirats, la tarea de lograr impulsar el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Pese al esfuerzo, todavía no se ha logrado presentar un proyecto que cuente con el beneplácito de todos los agentes implicados en la mesa de negociación. Ahora, el reto de Subirats será el de tratar de aglutinar todas las reivindicaciones en un solo texto para que este pueda iniciar su trámite parlamentario. Todo ello con el antecedente de la Ley de Convivencia Universitaria, la que penaliza las novatadas, aprobada en noviembre, pero con el rechazo a última hora del estudiantado en contra de las extensas modificaciones que -según denunciaron con un paro estatal- eliminaron de la norma lo que consideraban su esencia: la mediación.

De la ley de libertad sexual a la renovación del Pacto de Estado

Quizás uno de los hitos más sonados y celebrados por el Ministerio de Igualdad en 2021 fue la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la violencia de género con todos los grupos parlamentarios. El departamento dirigido por Irene Montero dio la noticia el 25-N y anunció que a partir de 2022 se iban a empezar a contabilizar otros feminicidios y no solo los cometidos por parejas o exparejas.

Otro pilar clave es la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí', que suscitó gran controversia en las Cortes por estar fundamentada en el concepto de consentimiento sexual. Se reabrió con ella también el debate sobre la erradicación de la prostitución, pues en el texto se contempla una medida dirigida a sancionar a los que se lucren de esta práctica. En esa línea, queda pendiente para el año que viene la elaboración de un plan de acción contra la trata y la explotación sexual -PSOE y UP ya están en ello- y en el cual pretenden incluir un programa de inserción sociolaboral que proteja también a las víctimas en situación administrativa irregular. 

Los próximos pasos, según se comprometió la ministra Irene Montero, pasan por avanzar en el proceso de aprobación de la Ley Trans y contra la discriminación de las personas LGTBI, y por la reforma de la ley del aborto. El Ministerio ya avanzó entonces que la norma se formularía en torno a unos pilares fundamentales: la educación sexual en todas las edades, la garantía del derecho al aborto mediante la sanidad pública y un registro de objetores de conciencia par asegurar ese derecho. En esa línea, de hecho, se aprobó una norma que penaliza el acoso a las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. 

Ley de infancia e Ingreso Mínimo Vital

Otros ministerios también han ido promoviendo diversas políticas sociales. El de Derechos Sociales y Agenda 2030 consiguió que en mayo la Cámara Baja diese luz verde a la ley de protección de la infancia, también conocida como 'Ley Rhodes'. La aprobación de la norma -pionera y sacada adelante con un gran apoyo del hemiciclo- fue muy celebrada, pues con ella se refuerzan los derechos de los menores de edad. El departamento de Ione Belarra, pretende ahora avanzar con la Ley de Diversidad Familiar, que llegará al Congreso en 2022 y en la cual se busca incluir, entre otras cosas, una renta universal de crianza. También en ese marco se modificó el Ingreso Mínimo Vital junto al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con el fin de aumentar su alcance. 

Asimismo, en junio entró en vigor -no exenta de polémica- la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, por la que se establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". El Proyecto de Ley de Memoria Democrática llegó también al Congreso, y deberá continuar su tramitación a lo largo de 2022. La norma está siendo debatida con los distintos partidos en una complicada negociación que fue 'congelada' por Sánchez en noviembre para priorizar las pensiones y la reforma laboral

Queda por ver cómo abordará el Gobierno un problema que ha cobrado especial importancia con la pandemia: la salud mental. En octubre se lanzó un plan dotado con 100 millones y un teléfono 24 horas para la prevención del suicidio. Forma parte de la hoja de ruta del Ejecutivo, según subrayó Sánchez, por lo que se irá desarrollando en los próximos meses para hacer frente a una lacra que afecta a gran parte de la sociedad.

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