El Estado tendrá una reserva estratégica para hacer frente a futuras crisis y pandemias. Es la principal novedad de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que busca modernizar el sistema de vigilancia epidemiológica y que también incluirá un plan contra las fake news y un plan de seguridad para Ceuta y Melilla. La estrategia nacional vigente es de 2017 y se tiene que renovar cada cinco años, pero el Gobierno ha decidido adelantar su reforma para adaptar la estrategia al contexto actual de pandemia. 

Así lo ha explicado este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha dado luz verde a la nueva estrategia, ha señalado que el Gobierno persigue tener un plan actualizado. Más ahora, en un momento "caracterizado por una mayor competición geopolítica y un entorno socioeconómico marcado por las consecuencias del COVID, así como por la aceleración de la transformación provocada por la tecnología y la transición ecológica".

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional ya preveía la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, lo que permitía integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas. Eso sí, la modificación aprobada hoy por el Consejo de Ministros prevé, entre otras cuestiones, establecer la necesidad de regular la producción industrial de España en función de las necesidades dictadas por la situación de crisis.

Asimismo, se regula la Reserva Estratégica basada en las Capacidades

Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), con el objetivo de buscar una solución a la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional de los recursos y materiales necesarios.

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Además de elaborar un catálogo de recursos de sectores estratégicos de los que puedan disponer las autoridades en caso de emergencia, la nueva estrategia, aprobada a través de un real decreto que será remitido al Congreso, contempla también la elaboración de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, la creación de una Agencia Espacial Española con una componente dedicada a la Seguridad Nacional o la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, los objetivos de la nueva estrategia, que tiene un diseño más integrado, proactivo y de orientación preventiva, son avanzar en materia de gestión de crisis, favorecer la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos y desarrollar la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las amenazas híbridas.

Las actuaciones para desarrollar estos objetivos se articulan en torno a tres ejes: la protección de las personas y el ordenamiento; la promoción de la prosperidad y el bienestar y la participación en la seguridad internacional. Por ello, se elaborará un catálogo dinámico de recursos de los sectores estratégicos que puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes, planes de preparación y disposición de recursos o un sistema de indicadores críticos para la elaboración de un Sistema de Alerta Temprana.

Además, la estrategia incluye la adopción de soluciones de inteligencia artificial para la evaluación de la situación de seguridad y el apoyo al análisis estratégico, en tanto que las autonomías se integrarán a través de la Conferencia Sectorial. Esta nueva estrategia -que ha sido sometida a la valoración de 17 expertos de la sociedad civil, revisada por los gobiernos autonómicos, y obtuvo también el informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional del pasado 18 de noviembre- será presentada en las Cortes Generales una vez aprobada en el Consejo de Ministros.

Anteproyecto de Calvo

La aprobación de la reforma de este martes tuvo un primer paso el pasado mes de junio. Entonces, el Consejo aprobó el anteproyecto de la modificación, que fue ideado por la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con el objetivo de reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis. Calvo planteó esta reforma a los Gobiernos autonómicos en una Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional. Entonces, ya el Gobierno aseguró que la crisis provocada por el coronavirus puso de manifiesto la necesidad de esta ley.