El PSOE y Unidas Podemos registraron un paquete de enmiendas a la ley del 'solo sí es sí' en el que plantean, entre otras cosas, promover campañas de desincentivación de la prostitución, introducir el concepto de violencia vicaria y establecer programas de reinserción para los delincuentes sexuales. También hacen efectivo el dictamen del Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado el pasado 25-N, para que las medidas acordadas entonces queden blindadas por ley. 

En total, se registraron la pasada semana 28 enmiendas de manera conjunta con el objetivo de mejorar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', y fortalecer la prevención de delitos sexuales, así como la protección de las víctimas de esta lacra. La futura norma, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros en marzo de 2020, pero a la que aún le resta un largo camino en las Cortes hasta su aprobación, contempla la reforma del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y violación. Establece, además, una nueva definición de consentimiento sexual expreso, siendo este uno de los puntos centrales en torno al cual se ha pretendido pivotar la iniciativa; y también uno de los que más desacuerdo suscita en la Cámara.

Ahora, superado el debate de totalidad -en el que el PP y Vox trataron de tumbar el texto- y el plazo de enmiendas, la ley continuará su tramitación en la Comisión de Igualdad, encargada de redactar un informe antes de debatir su contenido. Los grupos han presentado también sendas enmiendas por separado, y son fundamentalmente las relativas a la prostitución; un asunto en el que no se ha logrado todavía encontrar un punto de acuerdo. Mientras los socialistas abogan por perseguir "cualquier forma de proxenetismo" y endurecer las penas de prisión de dos a cuatro años a quienes se lucren con un local en el que se facilita la prostitución de otra persona; desde Unidas Podemos insisten en garantizar, de forma explícita, que la persona que la ejerce no sea sancionada en ningún caso. 

Desincentivar la explotación sexual

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Sí que han conseguido, no obstante, dejar de lado sus discrepancias para registrar una enmienda relacionada con la explotación sexual. En este sentido, ambos grupos proponen promover campañas de concienciación y sensibilización destinadas a desincentivar la demanda "de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual". Asimismo, plantean informar sobre las consecuencias que acarrean estas conductas para las mujeres prostituidas. 

"Consideramos necesario incorporar campañas dirigidas a los varones como potenciales consumidores de prostitución, haciéndoles en su caso corresponsables de la explotación sexual", defienden en el texto, subrayando que es algo "imprescindible" para que conozcan "la relación entre prostitución y explotación sexual".

Más allá de esta norma, los dos grupos trabajan igualmente en una Ley contra la Trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que pretenden presentar en el Congreso en enero. Según confirmaron fuentes de UP a 20minutos, incluirá un Plan de Inserción Sociolaboral al que podrán acceder también las víctimas en situación administrativa irregular. 

Violencia vicaria

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Otra propuesta planteada en las enmiendas conjuntas es la de introducir el término de 'violencia vicaria', en referencia a la que se ejerce sobre familiares o allegados de las víctimas para causarles daño. Es algo que va en línea con la renovación del Pacto de Estado, a través de la cual todos los grupos parlamentarios acordaron incluir a todas las violencias contra las mujeres. 

De este modo, añaden una nueva disposición final que modifica varios artículos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, e introduce en tres de ellos el término 'violencia vicaria', para garantizar, por ejemplo: que haya psicólogos infantiles para la atención de los hijos víctimas de esta violencia o para tener en cuenta esta práctica a la hora de formar a los profesionales de la justicia y elaborar los protocolos correspondientes. 

Los centros de crisis 24 horas tendrán carácter esencial

Fuentes de ambos partidos avanzaron a este periódico que las enmiendas registradas relativas al Pacto de Estado contra la violencia de género van encaminadas a garantizar su financiación, mejorar la cooperación institucional o incluir la financiación de entidades feministas, tal y como acordaron los grupos en la renovación del dictamen del Pacto. En ese sentido, especifican que se destinarán a las comunidades autónomas los recursos financieros "suficientes" para garantizar los servicios (médicos, psicológicos, jurídicos, etc.) a los que tienen derecho las víctimas de violencia sexual. 

Así, añaden un punto en el que establecen la obligatoriedad de que los centros de crisis 24 horas tengan carácter de servicios esenciales, siendo las administraciones las encargadas de asegurar "su normal funcionamiento y su adaptación, si fuera necesario, a las necesidades específicas de las víctimas derivadas de la situación de estado de alarma u otra situación excepcional".

Brazaletes como medida preventiva y de protección

Dentro del apartado en el que establece que deberá protegerse a la víctima ante posibles represalias o amenazas, PSOE y UP plantean promover programas específicos para favorecer la reinserción y prevenir la reincidencia de los delincuentes sexuales. 

Plantean también añadir un nuevo apartado a la disposición final primera, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que proponen que, en caso de investigarse un delito de violencia sexual, se pueda acordar utilizar dispositivos telemáticos (los brazaletes) como medida de protección de la víctima. "Es esencial que se recoja de forma expresa la posibilidad de llevar a cabo el control y seguimiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento", defienden en la enmienda registrada. Actualmente, el uso de brazaletes localizadores está limitado únicamente a casos estrictos de violencia de género.