El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, adquirirá a partir del próximo miércoles 22 de diciembre la facultad para poder convocar anticipadamente nuevas elecciones en Cataluña, justo un año después de la convocatoria automática de los comicios celebrados el pasado 14 de febrero.

Siete meses después de haber sido investido president, Aragonès tendrá ya en su mano una de las atribuciones inherentes a su cargo, aunque no aplicable hasta transcurrido un año desde la finalización de la anterior legislatura.

Estos son los escenarios políticos que se abren ahora en Cataluña:

Un año sin elecciones anticipadas

El artículo 75 del Estatut establece que el presidente de la Generalitat, "con la deliberación previa del Govern y bajo su exclusiva responsabilidad, puede disolver el Parlament" y convocar anticipadamente elecciones, aunque puntualiza que esta facultad no puede ser ejercida "si no ha transcurrido un año como mínimo desde la última disolución por este procedimiento".

El 21 de diciembre de 2020, Aragonès, entonces vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto tras la inhabilitación de Quim Torra, firmó el decreto de convocatoria de comicios, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), por lo que este miércoles 22 de diciembre el hoy president ya tendrá en su mano la capacidad de convocar anticipadamente elecciones.

Tensiones crónicas en el Govern

Cuando Pere Aragonès fue investido president el pasado 21 de mayo, con los votos de ERC, JxCat y la CUP en el Parlament, habían pasado ya tres meses y una semana desde la noche electoral.

Pese a la mayoría independentista -más del 50% de los votos y 74 diputados sobre un total de 135 escaños-, el acuerdo de legislatura entre ERC y JxCat llegó en el último momento -a escasos días de la disolución automática del Parlament por falta de consenso sobre la investidura- y tras una negociación tensa entre los dos socios de coalición.

Aunque el acuerdo prevé mecanismos de coordinación para evitar las peleas constantes que habían lastrado al Govern de Quim Torra, los primeros meses de esta legislatura han estado marcados de nuevo por choques entre ERC y JxCat en cuestiones clave.

Puntos de fricción entre socios

Las discrepancias entre los dos socios del Govern han afectado a un tema central de la legislatura como es la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez: a la reunión celebrada en septiembre en el Palau de la Generalitat no acudió ningún representante de JxCat, ya que entre los nombres propuestos había tres perfiles externos al ejecutivo, algo que Aragonès se negó a admitir.

También han mostrado divergencias en torno a la propuesta de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: la predisposición del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, a tirar adelante la iniciativa contrastaba con los recelos de ERC, más pendiente -como la CUP y los comunes- de los efectos medioambientales del proyecto.

La negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2022 ha vuelto a generar tensiones, a raíz del pacto alcanzado por Aragonès con los comunes, visto con desagrado por sectores de JxCat porque desbarata el bloque independentista de la investidura.

Los planes de Aragonès

A pesar de los encontronazos entre socios -que siguen sin acordar una hoja de ruta: mientras JxCat defiende la "confrontación" con el Estado, ERC prioriza el diálogo y aparca la vía unilateral-, hasta ahora no cabía especular con elecciones anticipadas, pero a partir del miércoles esta hipótesis deja de ser técnicamente imposible.

Con sus primeros presupuestos como president a punto de ser aprobados con el permiso de los comunes -el Parlament los votará el 23 de diciembre-, Aragonès afronta el próximo año y medio con la idea de consolidar la recuperación económica tras la pandemia, por lo que no hay, a priori, perspectivas electorales a corto plazo.

Es a medio plazo -salvo accidentes de recorrido imprevisibles- donde aparecen las dudas: el acuerdo de investidura que sellaron ERC y la CUP prevé que Aragonès se someta a una cuestión de confianza a mitad de legislatura, en 2023, momento en que el president debería calibrar si cuenta con apoyos suficientes para seguir, coincidiendo con las elecciones municipales y, si no se adelantan, las generales.

Sin embargo, el 'no' de la CUP a los presupuestos catalanes ha dejado en el aire la validez de este compromiso, pendiente de ser ratificado o descartado en las conversaciones que deben mantener los anticapitalistas con ERC para evaluar su papel a partir de ahora.

Los interrogantes de Junts

Por primera vez en su historia, el espacio político que antes representaba Convergència y hoy abandera JxCat forma parte de un Govern en el que no dispone de la presidencia y, por lo tanto, no controla el 'botón' electoral.

En JxCat conviven diversas pulsiones: a sus consellers, comprometidos con la gestión de sus departamentos, les interesa cumplir su mandato y exhibir obra de gobierno, lo que implica un grado elevado de colaboración con Aragonès y el resto de consellers, pero otros dirigentes de Junts identifican aquí dos riesgos.

Primero, que Aragonès profundice únicamente en el discurso de la gestión y la recuperación económica para "tapar" la falta de avances hacia la independencia; y segundo, que el perfil de JxCat quede "diluido" en aras de evitar nuevas crisis en el Govern.

Otras fuentes de JxCat consultadas no se fían de las intenciones de ERC y temen que en el transcurso de la legislatura Aragonès caiga en la tentación de hacer uso de su prerrogativa para echar a sus socios del ejecutivo y convocar elecciones si la encuestas y la coyuntura política en ese momento le sonríen.