La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, en un comunicado, ha expresado su deseo de que todos los grupos políticos se sumen a esta declaración en el próximo pleno "y no se excusen en cordones sanitarios para no firmarla".

Catalá ha defendido que "todos los demócratas debemos condenar esta campaña deleznable y exigir que se vele y se garantice la seguridad del menor y de su familia que sólo quiere estudiar en castellano".

En este sentido, el PP ha acusado al Gobierno de España de guardar un "silencio institucional" y ha pedido que el Ayuntamiento de València, "como tercera capital de España", muestre "su solidaridad con la familia".

"El Gobierno y el resto de instituciones implicadas deben garantizar la integridad y el interés superior del menor en defensa de sus derechos conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia", ha señalado Catalá, quien ha exigido al Gobierno que "garantice el cumplimiento de la sentencia del Supremo que obliga a impartir un 25 por ciento de horario escolar en castellano".

La declaración institucional condena la "campaña alentada por entidades radicales separatistas y por el propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, que ha considerado como ataque muy grave la sentencia tanto del TSJC como del Supremo".

"Dicha campaña incluye amenazas, difusión de datos personales de la familia y un señalamiento público y constante de la familia, acompañado del vacío y el señalamiento al menor durante las clases", ha manifestado Catalá, que ha equiparado esta situación a un "'apartheid' moderno que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún ciudadano ni por ninguna institución pública en una democracia como la española".

"No podemos permitir que en nuestro país haya familias a las que se les impida ejercer un derecho reconocido por la Constitución", ha finalizado la dirigente 'popular'.