Tres supuestos clientes del excomisario José Manuel Villarejo, acusados en el juicio Tándem, han reconocido este lunes que el despacho de abogados en el que trabajaban contrató al expolicía para encargarle el proyecto Iron, con el que obtuvo información sensible sobre los miembros de un despacho de la competencia.

Dos de los tres procesados han admitido la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, con la que firmaron un acuerdo conjunto de conformidad en busca de futuros atenuantes de la condena.

La sesión se ha suspendido esta mañana a fin de que las partes estudiasen la petición de la defensa de Villarejo para recusar a los miembros del tribunal, presidido por la jueza Ángela Murillo, por su supuesta "falta de imparcialidad" tras algunas manifestaciones y choques de la magistrada contra el excomisario en anteriores sesiones, así como por la inadmisión de algunas pruebas solicitadas por su defensa.

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Entre otras decisiones, en su auto rechazó citar como testigos en el juicio a miembros del Gobierno como a su presidente, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la fiscal general, Dolores Delgado.

Anticorrupción se ha opuesto a la recusación del tribunal y ha afeado al abogado de Villarejo haber presentado un incidente de recusación "de mala fe procesal" y con "abuso de derecho" y en el que no expone la motivación de la presunta parcialidad del tribunal más allá de no haber admitido dichas pruebas.

Así, la sesión se ha reanudado en la Audiencia Nacional con las primeras declaraciones de los más de treinta procesados en el procedimiento, en concreto con los interrogatorios a tres de los presuntos contratantes del proyecto Iron al grupo Cenyt, sociedad de Villarejo, en busca de información sensible de los fundadores y otros trabajadores de un despacho de la competencia.

Según la Fiscalía, el expolicía, para el que pide casi 110 años de prisión, llevaba a cabo estas labores de espionaje e investigación aprovechándose de su condición policial.

Salvo una de las presuntas clientas del proyecto Iron, que gira en torno a un supuesto espionaje contratado por el despacho de abogados Herrero&Asociados contra su competencia, los otros dos acusados por haber contratado al excomisario han reconocido su participación en el encargo.

Estos solo han respondido a las preguntas del fiscal, ante el que han detallado que encargaron el proyecto a Cenyt para obtener información bancaria, fiscal y de otro tipo que adjuntaron a una denuncia presentada contra otro despacho, el cual entendían que les estaba haciendo una "competencia desleal".