La Comisión Europea aprobó este jueves un esquema de ayudas de 3.000 millones de euros en el marco del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del automóvil eléctrico y conectado, como parte del plan español de recuperación y resiliencia tras la pandemia de la Covid.

El esquema español prevé ayudas para inversiones en investigación, desarrollo e innovación y en protección medioambiental -incluyendo la eficiencia energética- para la aplicación de varios proyectos integrados en la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados, indicó la Comisión en un comunicado.

Este esquema estará vigente hasta finales de 2023 y está abierto a consorcios de empresas interesadas, establecidas dentro o fuera de España, precisó la Comisión. Agregó que cada consorcio incluirá a compañías activas en sectores relacionados con los coches eléctricos o conectados y que al menos un 40% de los socios deberán ser pymes.

Las ayudas se concederán a través de un proceso de selección competitivo y se concederán en forma de subvenciones directas y préstamos preferentes a tipos de interés reducidos. La Comisión afirmó que la medida adoptada este jueves “ayudará a España a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada sin distorsionar indebidamente la competencia”.

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El esquema será financiado parcialmente a través del fondo de recuperación y resiliencia de la UE tras la evaluación positiva por parte de la Comisión del plan de recuperación y resiliencia español y de su adopción por parte del Consejo de la UE.

“El esquema español de 3.000 millones de euros ayudará a crear una cadena de valor para los vehículos eléctricos más innovadora y sostenible, en línea con las normas de ayudas de estado y los objetivos del Pacto Verde europeo”, declaró la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Tras evaluar el esquema español, la Comisión concluyó que es “necesario para facilitar las inversiones en investigación, desarrollo e innovación”, así como las que van dedicadas a la protección medioambiental en relación con la eficiencia energética en la cadena de suministros para los vehículos eléctricos y conectados. En opinión de la Comisión Europea, la ayuda tiene además un “efecto de incentivo” ya que los proyectos no se llevarían a cabo sin apoyo público, y es “proporcionada y limitada a lo mínimo necesario”.

En particular, la cantidad máxima de ayuda a un solo beneficiario quedará limitada, se garantizará una participación “apropiada” de pymes y las empresas que participen tendrán que demostrar que el apoyo solicitado está limitado “al mínimo necesario”.

Además, consideró que el esquema ayudará a España a “cumplir sus objetivos medioambientales” fijados a nivel europeo y nacional, ya que “impulsa las inversiones en la conectividad de vehículos eléctricos”. Por último, la Comisión también se comprometió a llevar a cabo una evaluación a posteriori sobre los efectos de las medidas.

Por todo ello, concluyó que el esquema español está “en línea” con las normas de ayudas de estado de la Unión Europea y con sus objetivos políticos, incluidos los comprendidos en el Pacto Verde europeo, “sin distorsionar indebidamente la competencia del mercado único”.