La reforma del sistema de pensiones impulsada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, no solucionará el problema al que se enfrentarán los jóvenes cuando llegue a su jubilación pese a que son estos quienes pagarán más cotizaciones en los próximos 10 años para costear el retiro de los ‘baby boomers’. Esta es una de las conclusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que criticó este miércoles el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional que sustituyó al Factor de Sostenibilidad ideado por Mariano Rajoy y que fue aprobado por el Congreso el 2 de diciembre.

En palabras a EFE de Hervé Boulhol, el responsable del estudio, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional "da oxígeno a corto plazo, pero no está a la altura del problema a largo plazo", por lo que harán falta "nuevas medidas" a posteriori. El defecto es que se está haciendo una propuesta "a medio plazo" sin decir "lo que ocurrirá después".

Pactado entre el Gobierno y los sindicatos, el nuevo sistema aumentará las cotizaciones un 0,6% durante una década, hasta 2032. Ese porcentaje se repartirá entre trabajadores, con una subida del 0,1%, y empresarios, con un alza del 0,5%. Esto, según las previsiones del Ministerio de Seguridad Social, permitirá llenar la hucha de las pensiones, que actualmente roza los 2.000 millones de euros, con hasta 50.000 millones de euros. El ministro lo calificó de "equitativo" y alertó de que la alternativa era recortar 350 euros la futura pensión de los jóvenes.

La inflación podría disparar el gasto extra en pensiones hasta los 5.900 millones de euros en 2022

No obstante, esa equidad no será infinita ni será así para todas las generaciones. Según se desprende del informe ‘Pensiones en un vistazo’ realizado por la OCDE y publicado este miércoles, esa subida solo será suficiente para "mitigar" la jubilación de los nacidos entre 1946 y 1964. Para garantizar las pensiones de los que vengan después, los trabajadores más jóvenes se enfrentarán a varias soluciones: una nueva subida de las cotizaciones, la prolongación de su vida laboral o a la bajada de las pensiones que les corresponderían.

Los cálculos de la OCDE son claros: la reforma aprobada por el Consejo de Ministros permitirá recaudar un 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, solo la equiparación de las pensiones a la inflación -considerada la primera parte de la reforma del sistema de pensiones- supondrá un coste anual equivalente al 1,4% del PIB anual en 2030 y del 2,6% desde 2050. Sin ir más lejos, lo estimado es que el gasto extra en pensiones ronde los 5.900 millones de euros en 2022: 3.600 por su vinculación con el Índice de Precios del Consumo (IPC) y otros 2.260 de la compensación a la que tienen derecho los pensionistas por un coste de la vida más alto de lo previsto este año.

"En el horizonte 2040-2050 hay un problema de recursos" debido al rápido envejecimiento de la población española, añade Boulhol. Y es que, la OCDE calcula que en esas fechas habrá en España 78,4 personas mayores de 65 años por cada 100 que tendrán edad de cotizar. Es decir, entre 20 y 64 años. Este porcentaje solo será superado por Japón y Corea del Sur, ambos con 78,8.

No son las únicas cifras que podrán generar problemas para el sistema de pensiones. El ‘think thank’ de los países desarrollados también alerta en su informe de la "laxitud" del cálculo de años y salario para jubilarse. En España pueden dejar de trabajar a los 65 las personas que hayan trabajado 37,25 años (38,5 a partir de 2027). Estas cifras son lejanas a las del resto de países, salvo Italia (38 años). En Francia hace falta haber trabajado 43 años y en Alemania, 45.

También señala el organismo internacional la diferencia entre el promedio de países de la OCDE y España de los ingresos familiares de los mayores de 66 años, ya que antes de la crisis de la Covid los jubilados tenían unos ingresos que suponían el 96% de la media de sueldos del resto de la población, mientras que la media de la OCDE esta cifra está situada en el 88%. Esto se agrava al tener en cuenta que los menores de 30 años cobran ya 2.000 euros menos al año que los nuevos jubilados.