Según el colectivo, en aquel desalojo, consumado tras la intervención de la comisión judicial junto con la Guardia Civil para ejecutar la orden judicial de desalojo derivada de las acciones judiciales de la entidad propietaria de dicho piso del Conjunto 14 de Ciudad Aljarafe, BuildingCenter, una sociedad de CaixaBank dedicada a la desinversión de la cartera de inmuebles de dicha entidad financiera; los agentes del Instituto Armado identificaron a aproximadamente 20 personas movilizadas en defensa de la familia objeto de desahucio.

"Identificaron a más de 20 compañeras y compañeros y están legando ahora las denuncias. Nos imponen multas de 600 euros. Calculamos que en total tendremos que hacer frente al pago de 12.000 euros, en virtud de la mal llamada Ley Orgánica de Protección de la Seguridad ciudadana, la Ley mordaza, que sanciona con multas desproporcionadas la resistencia pasiva al obstaculizar la labor de los agentes", expone el colectivo.

El colectivo insiste así en la "desproporción" de estas sanciones, reclamando la plena derogación de dicha Ley estatal, en un contexto en el que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos planea su reforma, esgrimiendo que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, como órgano consultivo, ha reclamado a España una modificación de tal regulación que textualmente, "debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo".

"No van a diluir nuestro movimiento a base de multas. No vamos acesar en nuestra lucha por el derecho a la vivienda y vamos a seguir obstaculizando pacíficamente el trabajo de cualquier funcionario que tenga como objetivo dejar en la calle a una familia con niños para defender los intereses de la oligarquía financiera", enfatiza en cualquier caso la plataforma, que recientemente ha convocado otros actos en contra de nuevos desahucios promovidos en Mairena y San Juan.