El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha denegado este jueves las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para impedir la práctica del esquí en la vertiente segoviana de la estación del Puerto de Navacerrada, que se sitúa entre esta autonomía y la Comunidad de Madrid, de cara a este fin de semana, cuando la empresa concesionaria pretendía retomar su actividad. Con esta decisión, y si las circunstancias meteorológicas lo permiten, se podrá esquiar a partir de este fin de semana.  

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido de esta forma a la petición realizada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Miteco, como parte de un recurso presentado contra la Junta de Castilla y León, y sobre cuyo fondo aún tiene que resolver. "No es un pronunciamiento definitivo pero nos permite la reapertura de la actividad", ha señalado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

En los últimos días, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid se habían declarado la guerra de forma abierta a cuenta de Navacerrada. El presidente castellano y leones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró este lunes que "no hay razones ni políticas ni jurídicas para declarar el cierre" de la estación. "El concesionario de las pistas va a seguir prestando su actividad", añadió. Sin embargo, el Ministerio respondió con el anuncio de la presentación de un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares para impedirlo. Tras el pronunciamiento del TSJ, la empresa concesionaria tiene previsto abrir las pistas si la meteorología lo permite.

En el auto dictado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ sostiene que "no existe urgencia" para adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Estado porque "el aprovechamiento del monte se viene realizando durante los últimos 25 años en base a la concesión efectuada por el presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales en fecha 29 de febrero de 1996", subraya.

Igea ha manifestado que la resolución es "una buena noticia" y ha reprochado Sánchez la presentación de este. "Es curioso la facilidad con la que va a los tribunales contra esta comunidad y con qué dificultad va contra otros. Y en otros casos ni obliga a ejecutar sentencias", ha asegurado.

En la misma líena, Fernández Mañueco acusó al Gobierno Sánchez de "atentar" contra su autonomía por su "posición desproporcionada y fuera de tono" de presentar un recurso en contra de la apertura de la estación de esquí. Por su parte, la Comunidad de Madrid volvió a mostrar todo su "apoyo" a Castilla y León en su lucha por Navacerrada. "Esperemos que impere el sentido común", señaló la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Recurso contra la Junta

Este martes, la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso- administrativo contra la Junta por "ocupación ilegal" de los terrenos del Puerto de Navacerrada y por "dejación de competencias" al no atender su requerimiento para poner fin a la práctica del esquí en la estación de Navacerrada. Por ello, el portavoz de la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, José Conesa, aseguró este miércoles que iban a ser "prudentes", y aunque estaban preparados para abrir este fin de semana, esperarían a la decisión judicial.

"Nuestra situación es que estamos preparados desde hace días para que, si no hubiera ocurrido lo de ayer, poder abrir perfectamente este fin de semana. Ahora, estamos a expensas de que la climatología nos acompañe y que las circunstancias que nos rodean sean propicias", señaló Conesa.

El pasado 30 de octubre se cumplió el plazo que dio el OAPN a la empresa que gestiona la estación de esquí para desmantelar las instalaciones de las tres pistas de la vertiente segoviana (Telégrafo, Bosque y Escaparate). Sin embargo, la compañía asegura que no recibió una comunicación oficial por parte del Gobierno y aseguró que abriría sus pistas como en los últimos años.

Además, la empresa pidió al Gobierno autonómico de Castilla y León una prórroga de dos años en el cómputo del tiempo de concesión alegando que no había podido llevar a cabo su actividad con normalidad en el último año por la Covid-19, como ha ocurrido en otras actividades económicas basándose en cuestiones sanitarias similares.