Una madre de familia compraba en Walmart (una cadena de supermercados muy conocida en EE UU) un día cualquiera de 2016 cuando la caja automática donde intentaba pagar comenzó a dar problemas. Ella y su familia llamaron a un encargado y el problema pareció solucionarse. 

Pero al salir el guardia de seguridad les detuvo: llevaban artículos que no habían pagado, por valor de 48 dólares (42 euros), como luces de navidad, pan y cereales. La separaron de su familia y la llevaron a una oficina. 

"Recuerdo que entré en esa pequeña habitación y pensé que se resolvería, que era un malentendido, no fue a propósito", dijo Lesleigh Nurse, la implicada, al medio WKRG.

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Pero no, fue arrestada y acusada de robar 11 artículos e incluso su imagen apareció en Facebook como autora de un robo, algo que se desestimó cuando llegó a juicio, en una vista a la que no se presentó nadie de Walmart. 

Pero después comenzaron a llegar notificaciones de bufetes de abogados de la compañía en la que le exigían 200 dólares como compensación de gastos. 

La mujer pensó primero en pagar y olvidarse del tema. "Pero entonces me dije que no había hecho nada malo. ¿Por qué iba a pagar por algo que no hice?", explicaba Nurse. 

Así que la mujer, indignada, acabó por demandar a la compañía por dañar su reputación, su imagen laboral y pública y por abusar de la ley con fines de lucro. Esta semana, un jurado de la Corte del Condado de Mobile, Alabama, estuvo de acuerdo por unanimidad, condenando a Walmart a pagar 2,1 millones de dólares (1,85 millones de euros) de indemnización.

Y es que la tienda se negó a presentar, por ejemplo, el vídeo de la cámara de seguridad de la caja, lo que según la mujer habría limpiado su nombre. 

Uno de los peritos del juicio, el profesor asistente de derecho de la Universidad de Nebraska, Ryan Sullivan, declaró que entre 2016 y 2018 la compañía Walmart acusó a alrededor de 1,4 millones de personas en los EE UU de robo criminal y terminó cobrando más de 300 millones de dólares a través de cartas de demanda legal.

Walmart por su parte emitió un comunicado tras la sentencia en el que asegura que su personal y empleados actuaron correctamente, que recurrirán la sentencia y que "suspendió su programa de recuperación civil hace varios años", en referencia a la costumbre de enviar cartas exigiendo dinero a los acusados.