La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, condenó este jueves la esterilización forzada a las mujeres con discapacidad, una práctica que supuso una "gravísima vulneración" de los derechos humanos y cuya ilegalización en España cumple este mes de diciembre un año.

"El fin de las esterilizaciones forzosas en España es un hito para los derechos de las personas con discapacidad"

En el marco del Día Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad que se conmemora este viernes, la también secretaria general de Podemos rindió homenaje, junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a todas las mujeres y niñas con discapacidad que han sido víctimas de esterilizaciones forzosas.

"Quiero que mis palabras sean lo más claras posibles: en mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón. Nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos, ni debimos tardar tanto tiempo en prohibir esta práctica", aseveró Belarra durante el acto institucional. 

Reconociendo que ya no se podía invertir el dolor causado a las víctimas, trasladó un mensaje de disculpa y de determinación "a cambiar para mejor" el futuro de miles de niñas y mujeres con discapacidad. "Que sepan y sepáis que las administraciones públicas vamos a estar de su lado, con mirada feminista, con sororidad y con cariño", subrayó, añadiendo que no se volverá a tolerar que sus derechos y su voluntad "ignorados, olvidados y vulnerados".

Por ello, un año después de que se eliminara por completo esta práctica en España -uno de los pocos países que ha avanzado en esta materia- quisieron hacer un "reconocimiento" desde el Ejecutivo a las víctimas de esterilizaciones forzadas para condenar la "gravísima vulneración de los derechos humanos" que, lamentó Belarra, se permitió "durante demasiado tiempo". 

La titular del departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030 resaltó también la "urgencia" de reformar el artículo 49 de la Constitución en el que se denomina "disminuidos" a las personas con discapacidad. El objetivo aseveró, no es solo el de eliminar esa "intolerable" denominación, sino el de aportar un n"nuevo enfoque más exigente" con una mención expresa a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. "Cuando se trata de ensanchar derechos, es un deber de Estado", recalcó.

No obstante, Belarra admitió que ese reconocimiento "no tiene sentido" si no va de la mano de un compromiso para cambiar esta situación. "Este país ya ha mostrado este compromiso acabando con la posibilidad de realizar estas esterilizaciones forzadas", recordó la ministra. Así, avanzó que este viernes se aprobará una declaración institucional de reconocimiento a las mujeres y niñas que han sufrido estas prácticas. El reto no es otro, señaló, que el de acabar con la "invisibilización" que sufrieron y sufren muchas de estas mujeres, "que no habían sido consultadas sobre sus cuerpos, ni escuchadas". 

"Pero vamos a ir más allá", prometió, asegurando que trabajarán para que sus derechos "no sean papel mojado" y puedan acceder a los cuidados de calidad, para que la accesibilidad universal "deje de ser un objetivo y sea una realidad" o para que puedan tener derecho a una vivienda accesible. Asimismo, hizo hincapié en las familias, que representan en muchas ocasiones "un gran pilar vital". "Tenemos que apoyarlas más, darles recursos, porque sabemos que no lo tienen fácil", concluyó Belarra. 

Montero recuerda: el Pacto de Estado llegará a "todas" las víctimas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también acudió al acto institucional para denunciar la "barbaridad jurídica" que supuso la práctica de la esterilización sin consentimiento de las mujeres y niñas con discapacidad durante tantos años. "Es innegable el daño que ha causado a lo largo de décadas y por eso la declaración institucional de mañana es un paso imprescindible en ese camino de reparación", afirmó. 

La renovación del Pacto contra la violencia machista blinda la financiación e incluye "todas las formas de violencia"

La exposición a sufrir violencia de género, alertó, "se agrava" cuando se tiene una discapacidad, por lo que desde el ministerio de Montero reafirman su compromiso de llegar a estas mujeres que padecen, "en un porcentaje mucho mayor", diversas formas de violencia. 

"El empeño del Gobierno por garantizar una nueva generación de derechos feministas tiene uno de los objetivos de llegar a todas las víctimas y luchas contra todas las violencias", destacó, recordando que una de las novedades de la renovación del Pacto de Estado aprobada recientemente es precisamente el reconocimiento de "todas las formas" de violencia. 

"Estoy convencida de que, paso a paso, con reconocimientos como hoy y cambios legislativos estamos poniendo un suelo firme hacia una sociedad plenamente democrática", celebró Montero.