El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a rescatar la reforma legal que pretende acabar con la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la Asamblea regional. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde a una proposición que implica cambios en dos leyes estatales, una de ellas la ley orgánica que regula el Poder Judicial. El texto se enviará a la Cámara de Vallecas para su tramitación parlamentaria.

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Díaz Ayuso ya anunció su intención de recuperar esta iniciativa durante una sesión de control en el parlamento autonómico. Se trata de una modificación legal que ya se promovió en 2020, de hecho ya cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que acabó decayendo por la convocatoria adelantada de elecciones del pasado mayo. 

El objetivo que persigue esta iniciativa es que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, sea el encargado de nombrar directamente a los magistrados de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, "primando solo su mérito y capacidad". Las leyes que se han de reformar para conseguirlo son la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta Judicial.

En la Asamblea de Madrid, la proposición de ley será debatida por los grupos. Si resulta aprobada, el hemiciclo regional la remitirá a su vez a la Mesa del Congreso de los Diputados como proposición de ley, donde debe obtener el visto bueno. 

De aprobarse en la Cámara Baja, el cambio legal acabaría afectando a la totalidad de los parlamentos autonómicos, que dejarían de elegir a magistrados para sus tribunales superiores de justicia, porque las dos leyes que se modificarían son de ámbito estatal.