El Gobierno sostiene que el récord en casi treinta años marcado la inflación este lunes es un "rebote" que no debe "sorprender a nadie", y evita ligar la evolución de los sueldos y de las rentas de colectivos vulnerables -como la cuantía del ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional- a la evolución del IPC. Con ese movimiento, se acerca a las tesis que viene defendiendo la patronal y se aleja de las reclamaciones de los sindicatos.

Así se pronunciaron la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apenas 24 horas después de que la inflación alcanzase el 5,6%, su máximo desde septiembre de 1992.

En respuesta a ese dato, que ha provocado que los sindicatos reclamen alzas salariales, Rodríguez dijo ya este lunes que el Gobierno está "sosteniendo" a los colectivos más vulnerables y puso de ejemplo a los jubilados, cuya pensión se actualiza con el IPC en virtud de la última reforma introducida por el Ejecutivo.

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Sin embargo, este martes, preguntada por el motivo por el que el Gobierno no revaloriza igualmente el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional o las retribuciones de los empleados públicos, para evitar que pierdan poder adquisitivo, la portavoz trató de sortear la cuestión.

En concreto, se limitó a "reiterar el compromiso de un Gobierno sensible con las personas más vulnerables", que ha diseñado medidas para la "recuperación" que "nada tienen que ver" con la adoptadas en anteriores crisis y que "piensa en las familias que peor lo pasan", un compromiso, agregó, que se "articula a través de distintas decisiones".

Entre otras cuestiones, Rodríguez recordó que el Gobierno aprobó el esquema de ERTE para frenar la destrucción de puestos de trabajos por la crisis del coronavirus, que se ha incrementado el salario mínimo profesional y que se han rebajado impuestos para intentar contener el efecto de la subida de la luz sobre las familias. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a nuevas medidas para que trabajadores con rentas bajas y medias y perceptores de prestaciones sociales se vean empobrecidos por el efectos de la inflación.

Calviño, por su parte, insistió en que "a nadie tiene que sorprender el rebote de los precios", que achacó a la "intensidad" de la recuperación y a "causas subyacentes" y que "trascienden las fronteras españolas", como los precios energéticos, y las "perturbaciones" en las cadenas de suministros y los fletes internacionales. 

La vicepresidenta insistió en que "todos los organismos" apuntan a que son "fenómenos que irán desapareciendo, en especial a partir de la primavera de 2022", y consideró "muy importante" evitar que la inflación "se convierta en un fenómeno estructural que pueda tener impacto negativo en la competitividad". En este sentido, subrayó que todas las medidas tienen que estar guiadas por el carácter previsiblemente "transitorio" del alza de los precios.

Calviño defendió, además, que el Gobierno ya actuó "inmediatamente" cuando comprobó que los precios empezaban a desbocarse con medidas para intentar frenar el impacto del IPC en las familias, por ejemplo, recortando los impuestos y los cargos que soporta el recibo de la luz, y añadió que se han adoptado medidas con "prudencia, agilidad y determinación" ante los efectos de los precios en las familias o en la "competitividad" de las empresas.

La línea del Gobierno –o al menos del ala socialista–, poco proclive a trasladar a los salarios el incremento de los precios, sintoniza, por ejemplo, con la visión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien en la tarde de este martes dijo que los trabajadores deberían "interiorizar" que la subida del IPC es "pasajera" para evitar un incremento generalizado de los salarios que, a su juicio, perjudicaría la competitividad de las empresas.

Este lunes, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, también insistió en que la carestía será "temporal" y pidió un análisis "calmado y profundo" antes de adoptar medidas, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió "prudencia" a la hora de pedir subidas salariales, porque "la clave consiste en que España cree más empleo y no ir en sentido contrario a lo que España necesita".

Los sindicatos, en cambio, creen que los sueldos "tienen que subir sí o sí", en palabras del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y advierten de "un periodo conflictivo" si son los trabajadores los que se ven obligados a absorber toda la inflación. La vicepresidenta Yolanda Díaz también reclamó este lunes abordar la "calidad" de los salarios y sueldos "decentes y dignos".