Piñán ha hecho esta consideración en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, cuando ha sido interpelada por el diputado del PP Pablo González sobre el impacto presupuestario de potenciar el bable. Según expuso el 'popular' la actual ley aprobada en el 98, a la que se opusieron ya en su día PSOE e IU, ya protege el asturiano y sus variantes.

Sin embargo, la dirigente asturiana ha hablado de procedimientos administrativos en los que no se admite la documentación de los ciudadanos, o trabajos de personal investigador que no pueden presentarse en bable. Si bien no ha cuantificado el número de veces que ha ocurrido esa situación, Piñán ha dicho que "no son pocos".

"El marco jurídico actual no garantiza el ejercicio voluntario del derecho", ha lamentado. Por eso ha defendido Piñán la necesidad de un cambio normativo para normalizar y proteger el asturiano, con una reforma del Estatuto previa, y acabar con situaciones "absurdas".

En relación a la pregunta del PP sobre el gasto presupuestario, ha dicho que todo lo que se refiere al gasto se definirá con el modelo posterior que se acuerde tras la reforma del estatuto que recoja la oficialidad y será acordado por los grupos.

Pablo González ha dicho que no existe demanda social para el bable "inventado" que defienden los socialistas. De 28.528 comunicaciones que hicieron los gijoneses con la administración, cinco fueron las personas que usaron el asturiano, ha puesto de ejemplo. Considera el PP que el derecho a usar el asturiano ya existe y acusa al Gobierno de obligar a las personas a hablar una lengua "fabricada y uniforme" que terminará con todas las variantes existentes.

A esta cuestión Piñán le ha contestado que todas las lenguas, también el español, tienen las variantes y eso no les impide ser oficiales.