Esta ley pretende adecuar el ordenamiento jurídico estatal a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (CDPD).

Esta proclama, en su artículo 12, que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a aquéllas acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha señalado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ya solicitó a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil que analizara cómo debe adaptarse el Código del Derecho Foral de Aragón a la nueva realidad en materia de capacidad jurídica diseñada por la Convención y que emita un informe sobre las reformas a introducir en el Código.

El objetivo, según Aliaga, es que dicho órgano consultivo "prepare un anteproyecto de ley de modificación del código de derecho foral e indique las reformas procesales que deben emprenderse y que, posteriormente, sean las Cortes de Aragón las que dicten una ley al efecto".

El vicepresidente también ha querido aclarar que "es un tema complejo que requiere un esfuerzo para respetar la voluntad de las personas con discapacidad y respetar a la vez las especialidades y peculiaridades de nuestro derecho foral".

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil reúne a representantes de la Universidad de Zaragoza, de la magistratura, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de la Vicepresidencia, a través de la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos.

JORNADAS EN RUEDA

De forma reciente, se han celebrado en el Monasterio de Rueda (Zaragoza) las Jornadas de Convivencia y Reflexión sobre la Reforma del Régimen Jurídico de Capacidad de las Personas en las que se ha debatido sobre las reformas a promover por la administración autonómica para adaptar el modelo legal a las novedades introducidas por el Estado en la Ley 8/2021.