Este sábado, miles de policías y guardias civiles saldrán a la calle para protestar contra la reforma que el PSOE y Unidas Podemos han diseñado para cambiar la 'ley mordaza' que aprobó en 2015 Mariano Rajoy. Será la segunda gran movilización, después de que el miércoles se concentraran alrededor de 2.500 agentes en las delegaciones de Gobierno de los diferentes territorios.

Pregunta. ¿Por qué están en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana?

Respuesta. Es como si alguien le hubiera dado una hoja en blanco a los antisistema violentos y les hubiera dicho “escribe lo que quieras”. Los principales perjudicados vamos a ser las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero el pueblo va a ser rehén de todo el que quiera montar un disturbio.

P. ¿Da tiempo en dos horas a realizar las identificaciones en comisaría?

R. Es ciencia ficción. Es inviable en el noventa y nueve por ciento de los casos, sobre todo en el ámbito de la Guardia Civil. Porque además ahora habrá que devolver al identificado a la misma zona. Imagínate que la Policía ve a un pederasta rondando un parque infantil o un colegio. El director llama porque hay un individuo con actitud sospechosa. Los policías se lo llevan, comprueban que tiene antecedentes por pederastia y vuelven a dejarlo en el mismo sitio…

P. La reforma también establece que la simple toma de imágenes de la Policía no será un delito. Será sancionable solo si supone un riesgo para los agentes.

R. Eso hará que suframos agresiones no solo en nuestros actos de servicio, sino también en nuestra vida privada. Si nos puede grabar cualquiera, y no hablo de los medios de comunicación, que están en todo su derecho, también podrán manipular las imágenes, cortarlas, añadir lo que quieran… y podrán reconocernos cuando estemos con nuestras familias. Eso ya pasa en Cataluña o en Campo de Gibraltar. Hace dos o tres semanas que a dos guardias civiles les dieron una paliza en una discoteca tras reconocerles. En la Línea de la Concepción ha habido compañeros que han tenido que cambiar a sus hijos de colegio. Es una aberración.

P. ¿Cómo puede afectar que no se deban comunicar las manifestaciones tras la reforma?

R. No va a haber ni capacidad de respuesta, ni previsión de medios antidisturbios, de seguridad ciudadana o de control de masas. Si la manifestación pacífica se vuelve violenta va a ser un caos. Ocurrirá lo que ocurre en Barcelona: comercios arrasados, mobiliario urbano destrozado, gente que no puede transitar libremente… Va a generar una imagen lamentable de puertas para afuera. España va a dejar de ser un país seguro y los turistas van a tener que buscar otro destino.

P. ¿Arrebata la reforma la presunción de veracidad a los agentes?

R. Dejan la palabra de un policía a la altura de la del delincuente. Y luego el atestado policial también lo ponen en entredicho. El atestado no es más que un método de prueba que tiene que pasar por la mano del juez y si el juez ve mala fe, da cuenta de ello, pero nuestra palabra tiene que tener presunción de veracidad.

P. El PSOE dice que la presunción de veracidad se mantiene, pero añaden palabras como “lógica” o “razonable”.

R. El PSOE puede decir lo que quiera, pero la enmienda nos quita la presunción de veracidad. Si no están de acuerdo, que voten en contra. Quien tiene que poner en duda o no nuestra palabra es el juez competente porque, además, si se nos quita la presunción de veracidad, la Justicia se empantanará cada vez más y tardará más en resolver cualquier tipo de delito.

P. ¿Están a favor o en contra de que las multas dependan de la renta del sancionado?

R. Los españoles somos iguales ante la ley. O al menos así debería ser. Lo único que van a fomentar es que una persona que tenga un capital importante gracias a la droga cada vez va a pagar menos. ¿Por qué no hacen lo mismo con las multas de tráfico? Es un despropósito.

P. La reforma también limitará el uso de pelotas de goma. ¿Coarta su margen de actuación?

R. Es un medio disuasorio. Si nos lo quitan será peor, porque habrá que intervenir cuerpo a cuerpo. Además, ya de por sí el uso de las pelotas de goma está muy restringido, porque quien lo tiene que autorizar es la autoridad competente: el delegado o el subdelegado del Gobierno. Ha habido escenas en Cataluña, donde dos policías han llegado a recibir cócteles molotov en el coche, que no se hubieran producido con pelotas de goma. Un día van a quemar a un policía o los van a matar. Yo conozco un par de casos que se han tenido que jubilar por heridas en disturbios.

P. ¿Cómo han transcurrido las conversaciones con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska?

R. El ministro no nos ha llamado como asociación representativa de miles de agentes.

P. ¿En qué en qué punto están las relaciones con el ministro?

R. Como asociación, no hay relación.

P. ¿Han echado de menos su apoyo explícito en los últimos tiempos?

R. Por supuesto. Hace unos meses, cuando empezó la vacunación en Cataluña, un alto cargo de la Generalitat dijo que no nos iba a vacunar [ni a guardias civiles ni a policías]. Nosotros, junto con Jupol, pusimos una denuncia en los juzgados y automáticamente a la semana empezaron a vacunarnos. Cuando un periodista preguntó por esto a Marlaska, dijo que solo era una disfunción. Él es nuestro mando, nuestro jefe, pero el ejercicio de mando debe ir unido a la responsabilidad, y su actitud con nosotros es totalmente irresponsable. Ya no solo en declaraciones, sino en la dotación de material o de medios. En todo.

P. Reclaman al Gobierno que deberían haber participado en la elaboración de la reforma, ¿lo hicieron con la ‘ley mordaza’ que aprobó Mariano Rajoy en 2015?

R. Nosotros empezamos a discutir con el Partido Popular por la equiparación salarial y también nos engañaron. Ahora nos han subido un 20% aproximadamente el sueldo, pero ni de lejos estamos cerca de los Mossos d’Esquadra. Además, ERC ha conseguido que se jubilen a los 60. Nosotros seguimos haciéndolo a los 65 y perdemos mucho poder adquisitivo.

P. Lo mencionaba porque en estos años ha habido organismos internacionales como Amnistía Internacional o el Consejo de Europa que sí pidieron revisar la ‘ley mordaza’.

R. Toda ley, después de que haya transcurrido un tiempo, tiene que adecuarse. Puede necesitar un cambio, pero desde luego contando con nosotros y no dejándonos indefensos.

P. Respecto a la equiparación que mencionaba anteriormente, el Gobierno dice que con la subida del 20% está cumplida.

R. Qué va. Incluso hace unos meses Marlaska pidió al Consejo de Estado un informe para ver si podía incumplir el pacto que se firmó con [Juan Ignacio] Zoido, del PP. Luego ha salido a bombo y platillo anunciando en los medios que la equiparación está cumplida, al igual que lo dice el PSOE, pero saben que no es verdad. Además, últimamente nos están situando situar ideológicamente con partidos de derecha y extrema derecha. Ellos sabrán, pero nosotros somos totalmente apolíticos. En 2018, Pablo Iglesias defendió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propusimos con la equiparación y que fue votada a favor por el 90% del Congreso. Incluso, nos llegó a poner como ejemplo de la lucha por los derechos de los trabajadores. Eso sí, el 3 de marzo de 2020, en una comisión de Interior, PSOE y Unidas Podemos la echaron abajo. Hablan de justicia, pero a nosotros nos la niegan.

P. Varios líderes políticos de la derecha han confirmado su asistencia a la manifestación de mañana. ¿Temen que se politice la lucha?

R. No. Hemos hecho un llamamiento a la sociedad civil y son bienvenidos porque también están haciendo su trabajo. Ahora nos apoyan. Esperemos que si llegan a gobernar cumplan con sus promesas. Pero es que en manifestaciones antiguas tenemos fotos con políticos de todos los partidos. Como asociación no tenemos ningún fin político. Obviamente cada persona tiene derecho a voto, pero aquí estamos por una reivindicación salarial y en defensa de la institución. Hablamos con políticos, por supuesto, pero porque son ellos de quienes depende. Nosotros somos totalmente apolíticos por más que quieran encasillarnos. 

P. Por continuar con las cifras que da el Gobierno. Señalan que desde 2018, cuando el PSOE llegó a La Moncloa, se han recuperado 13.000 plazas netas y se va a cerrar el año con 148.000 agentes. ¿Son cifras que les satisfacen?

R. Hay un problema de personal muy acuciante. Estamos sobrepasados. También en lo material, pues hay vehículos antiguos y próximamente caducan miles de chalecos.