C-LM, satisfecha por el acuerdo de Santiago, cree que permitirá el marco "más adecuado" para negociar con el Estado

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mostrado la satisfacción del Gobierno regional por el acuerdo suscrito con otros siete ejecutivos autonómicos en la cumbre de Santiago de Compostela, asegurando que el pacto va a permitir en el corto plazo conformar el marco "más adecuado" para sumar fuerzas entre estas ocho autonomías de cara a poder negociar el nuevo modelo de financiación con el Estado.
Toledo, 24 de noviembre de 2021.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, informa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con este departamento, en el Palacio de F
Toledo, 24 de noviembre de 2021.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, informa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con este departamento, en el Palacio de F
David Esteban

En rueda de prensa, el responsable de las finanzas regionales ha mostrado su satisfacción por el documento firmado este martes que fue fruto, ha dicho, de una reunión "fructífera y muy positiva" en el que "no se trataba de hablar de enfrentamientos, sino de todo lo contrario, de sumar posiciones comunes que nos van a permitir, con ese documento, afrontar el nuevo modelo de financiación autonómica".

"Se trata de un documento que suma en los aspectos que consideramos fundamentales, y pone de manifiesto que estamos ante un ejercicio de responsabilidad y de que la mayor preocupación que tenemos los gobiernos de estas comunidades autónomas es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos con independencia del partido político que respalde a los gobiernos de cada uno de ellas".

Tras hacer un repaso por todos los aspectos en los que se pusieron de acuerdos estas ocho autonomías, Ruiz Molina ha asegurado que las ocho regiones reunidas en Santiago están de acuerdo en que el nuevo modelo de financiación se tiene que negociar de manera multilateral, de tal manera que el foro adecuado para hablar de financiación autonómica tiene que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"No estamos de acuerdo en que la financiación que afecta a todo el territorio se negocie de manera bilateral", ha dejado claro el consejero castellanomanchego.

Además, ha afirmado que a la hora de hablar de financiación autonómica hay que hablar del coste real que les supone a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos fundamentales para garantizar a toda la ciudadanía una igualdad de acceso a los mismos.

RETO DEMOGRÁFICO

Según ha advertido, "el reto demográfico supone a priori el que el intentar hacer efectivo ese principio de igualdad, suponga para nuestras comunidades autónomas incurrir en gastos para las cuales no tenemos la suficiente financiación.

Es por ello que en la reunión de Santiago se solicitó al Estado la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas que el desafío demográfico tiene en España.

También se pidió al Estado que inste a la Unión Europea a ampliar el concepto de zona escasamente despoblada para que aumenten los beneficios que tienen las regiones de la Unión Europea en sus zonas con baja densidad de población.

Así, Ruiz Molina ha puesto de manifiesto el apoyo del conjunto de las comunidades para que a nivel europeo a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria se las considere como escasamente pobladas y se beneficien de las ventajas que se establecen para regiones de estas características.

En el documento de Santiago también se estableció reformular el fondo de compensación interterritorial para hacer efectivo el principio de solidaridad, que "es el principal objetivo que tiene este fondo y potenciar las políticas de desarrollo regional y, fundamentalmente, centradas en las zonas rurales, ha añadido.

También se reclamó al Estado que la distribución de los recursos de los fondos europeos 'Next Generation' se tenga en cuenta el reto demográfico y se cumpla el compromiso adquirido por el Gobierno de la Nación de distribuir el 50 por ciento de esos recursos entre las comunidades autónomas.

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