El conseller de Educación y ex director de todos los centros públicos de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros educativos instándolos a no hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo, que pone fin a la inmersión lingüística e impone que el 25% de enseñanza sea en castellano.

Cambray considera que la decisión del Supremo es un "grave ataque" a los cimientos del modelo de escuela catalana e insiste en que la enseñanza de las lenguas no va de porcentajes. Por todo esto, asegura a los directores que no tienen que hacer ningún cambio en sus proyectos y les garantiza que el Departament estará siempre en su lado, "dando amparo" a su vocación de servidores públicos. El conseller finaliza su misiva con la frase: "La escuela en Cataluña, en catalán".

Cambray aprovecha también la carta para agradecer la tarea a directores y docentes y les envía un mensaje de tranquilidad: "Tenemos plena confianza en vosotros y queremos que sigáis trabajando exactamente como lo habéis hecho hasta ahora", asegura.

Además, explica que desde el Govern se potenciarán las herramientas lingüísticas que tienen los centros a su alcance en el marco del plan de promoción del catalán anunciado hace unas semanas. 

Cambray defiende también que el modelo de escuela en catalán tiene un amplio consenso social, pedagógico y político y garantiza el aprendizaje del catalán y el castellano al finalizar la etapa obligatoria. De hecho, solo 80 familias han pedido las clases en castellano desde el año 2005 en toda Cataluña.

El Gobierno lo deja en manos de la justicia

El Gobierno cree que la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir un 25% de las clases en castellano "se tiene que ejecutar" como todas las sentencias, "porque es firme", pero avanza que no lo solicitará expresamente, porque considera que quien tiene que pedir el cumplimiento es el mismo TSJC, y no el Ejecutivo. 

Así lo han apuntado este miércoles fuentes del Ministerio de Educación y también las ministras de Justicia y de Política Territorial, Pilar Llop e Isabel Rodríguez. Una vez las sentencias son firmes, sostienen, corresponde hacer que se ejecute al tribunal sentenciador, y no al Gobierno.

La cuestión planea sobre el debate de presupuestos que tiene lugar en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno ha obtenido el apoyo de ERC a última hora gracias a un acuerdo para el establecimiento de cuotas para el catalán eb la ley audiovisual. El hecho de que la Generalitat haya apuntado que no tiene intención de dar cumplimiento a la sentencia ha situado parte del foco mediático sobre el ejecutivo de Sánchez.

La primera en responder una pregunta sobre la cuestión ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, que en una entrevista en Antena 3 ha recordado que una vez el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del TSJC, la decisión "ahora se tiene que ejecutar, porque es firme".

En todo caso ha querido dejar claro que "corresponde darle este impulso al propio órgano sancionador", y por lo tanto, no al Gobierno. "Se abrirá un plazo de dos meses para que se reclame a la Generalitat que proceda al cumplimiento de la sentencia. Veremos cuál es la respuesta, y depende de lo que se haga se irán dando pasos. Le tendrán que requerir y veremos qué pasa durante la fase de ejecución", ha dicho.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha apuntado en la misma dirección en los pasillos del Congreso. Preguntada por si el Gobierno solicitará a la Generalitat que cumpla la sentencia, Rodríguez ha recordado que su Gobierno "no tiene estas competencias". "Los jueces hacen este trabajo, y nosotros ejecutamos", ha dicho.

Fuentes de la Moncloa han insistido en que la aplicación de la sentencia no es cosa suya, como tampoco lo es –añaden- velar porque se cumpla. "Nosotros no somos los que tenemos que instar a nada", apuntan, porque "es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según el artículo 103.1 de la Ley 20/1998, al que vuelven las actuaciones después del Supremo".

En agosto, una vez el TSJC emitió la sentencia que ahora ha sido avalada por el Supremo, el Ministerio de Educación dejó claro que no tenía intención de solicitar la ejecución de la sentencia. A su entender, hacerlo implicaría una invasión de las competencias de la Generalitat, porque regular qué porcentaje de clases se hacen en cada idioma corresponde al Govern.