Se llama Amelia, tiene 35 años y le ha costado casi una década tomar la decisión. Denunciar ha sido quizás el paso más complicado y más temido, pero el camino de retorno a la libertad tampoco será fácil. Una vez asumida la realidad de que su pareja es un maltratador, deberá recobrar la identidad que se ha ido borrando con cada humillación, cada insulto, cada golpe. Lo hará de forma paralela a un proceso que, aunque en ocasiones pondrá el foco en momentos dolorosos, podría convertirse, con la ayuda de otras personas, en el camino de vuelta hacia la sociedad y, en definitiva, hacia ella misma.
Este es un caso hipotético, cada historia tiene su particularidad y hay muchos factores que influyen en las decisiones que toma una mujer víctima de violencia de género desde que decide poner fin a la situación y hasta que consigue reinsertarse de nuevo en la sociedad. Con todo, y pese a que los expertos inciden en que todavía se requieren mejoras en el sistema, existen una serie de protocolos, recursos y profesionales que pueden hacer, cada uno desde su ámbito, que esa salida de la violencia sea lo más efectiva posible.
"Lo primero que hacemos cuando llega una mujer es dejarle hablar. A medida que va avanzando, se va emocionando y va contando cosas cada vez más graves. Y tú, escuchas. Cuando ya ha contado todo lo que tenía que contar, entonces le preguntamos, con voz más seria y tranquila, si no cree que ha llegado el momento de separarse. En ese momento la mujer da un respingo. Te mira de frente y dice: 'Bueno, en el fondo es una buena persona…'. Ese es un síntoma muy común, y denota que es una mujer dependiente. El agresor crea dependencia en la víctima, por lo que es primordial que recuperen la independencia de hacer, de decir y de querer lo que ellas quieran, y no lo que tú les cuentes o les digas qué tienen que hacer", relata a 20minutos la histórica activista feminista Ana María Pérez.
Lo cuenta como víctima que fue hace sesenta años, cuando huyó de su marido embarazada de su tercera hija. Pero lo hace también como presidenta y fundadora de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, una asociación referente en la defensa de los derechos y los intereses de las mujeres, sus hijas e hijos y en la lucha por la erradicación de la violencia de género.
El punto municipal: la puerta de entrada
La puerta de entrada para estas mujeres víctimas de violencia de género suele ser un Punto Municipal. "Pueden llegar derivadas de los servicios sociales, de salud mental o por iniciativa propia. Es normalmente cuando ya son conscientes de la situación o incluso vienen buscando asesoramiento sin saber siquiera que están siendo víctimas", explica a 20minutos Eva Atance, trabajadora social de un punto municipal de Madrid y educadora social de un centro de acogida.
Desde ahí se les ofrece asistencia jurídica, psicológica y social. "Nosotras -las trabajadoras son mayoritariamente mujeres- hacemos un acompañamiento en todo el momento de la denuncia", apunta. Desde el área social, detalla Atance, valoran el nivel económico para poder asesorarlas también y ver si pueden optar a alguna ayuda. "Cambia mucho la situación si es una mujer casada, si tiene o no tiene rentas, si trabaja, o si cuenta con una orden de protección", señala.
El acompañamiento legal: "Es muy importante no mentirle nunca"
El papel de los centros de apoyo y acogida de estas mujeres es crucial, pero también lo es la labor de los abogados y abogadas que acompañan a la víctima durante todo el proceso legal. "Nosotros prestamos asistencia a las mujeres desde la comisaría. Cuando acude, tiene derecho a un abogado y le informamos sobre sus derechos, para que decida si va a interponer una denuncia", explica a 20minutos Alicia Tapias, abogada y directora del curso sobre violencia contra la mujer que imparte el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). En el caso de que finalmente decida denunciar, se le hará unas cuantas preguntas para valorar la situación y el riesgo, por si hubiese que pedir medidas cautelares.
"Luego se le va a recomendar que solicite una orden de protección y, una vez se detiene al agresor (que es lo que sucede normalmente), pasamos a disposición judicial uno o dos días después", detalla Tapia. "Es muy importante preparar a la víctima para su declaración, porque lo más normal es que se ponga nerviosa con las preguntas de la defensa, el fiscal o el juez. Y eso puede ser utilizado en su contra", afirma la abogada. Este momento, además, es clave, pues en muchos casos se consigue que con la simple declaración de las víctimas se "desvirtúe" la presunción de inocencia del acusado.
"También es fundamental no mentirle nunca", asevera Tapia. "La justicia la dicta un juez, y a la víctima hay que decirle la verdad, tenga o no posibilidades, porque la que se está jugando la vida es ella", añade. Asimismo, hay que transmitirle "claramente" que, aunque salga del juzgado con una orden de protección, eso no deja de ser un papel. "Es muy importante alertarla -sin asustar- de que no se suba a un coche en el que esté el agresor, que no abra la puerta de su casa o que tenga una zona con pestillo donde se pueda esconder para pedir ayuda, por ejemplo".
"Muchas veces identificamos la sentencia condenatoria como el triunfo frente a la violencia. Yo prefiero perder un caso penalmente si sé que la víctima ha roto con el círculo de la violencia"
Si todo va bien, salen del juzgado con esa orden de protección, que incluye la prohibición de ponerse en contacto con ella y medidas civiles que tienen en cuenta a los hijos, la vivienda, la pensión alimenticia, etc. Luego, en función del tipo de delito, el juicio será más o menos rápido.
"Otra de las cosas que observo en este proceso es que muchas veces identificamos la sentencia condenatoria como el triunfo frente a la violencia. Y eso no es así. Yo prefiero perder un caso penalmente si sé que la víctima ha roto con el círculo de la violencia", reconoce la abogada, confesando la "frustración" que siente cuando las víctimas vuelven con sus agresores.
Lo que sucede, denuncia Tapia, es que, a diferencia de los abogados, que cuentan con un servicio de 24 horas, no pasa lo mismo con la atención psicológica. "Si una víctima está en un momento en el que ya se está planteando volver, necesita refuerzo psicológico en ese momento, y lo que pasa es que los abogados nos vemos haciendo de psicólogos, cuando no lo somos", asevera.
La red de recursos
Volvamos al caso hipotético. Amelia ha conseguido obtener la orden de protección, por lo que las profesionales del Punto Municipal consiguen tramitarle una renta activa de inserción (RAI), de unos 400 euros al mes. De no haber conseguido esa orden, podrían haber acudido a otras posibles medidas, tales como ayudas al pago de la luz o a la alimentación, en función de la situación económica.
Con todo, el riesgo de ser acosada por el agresor se mantiene después de que este quebrante repetidamente la orden, por lo que el proceso judicial sigue abierto y a Amelia se la deriva a un centro de emergencia, donde permanecerá como máximo dos meses. "Ella firma un documento en el que se compromete a no revelar dónde se encuentra. Son centros escondidos y alejados de la zona de riesgo para que el agresor no la localice", explica la integradora y educadora social, Eva Atance.
Una vez allí, los profesionales elaboran un informe técnico y una valoración para trasladarla a una casa de acogida de larga estancia, en la que podrá permanecer hasta 12 meses si tiene menores a su cargo (seis si no los tiene). "Si tiene ingresos, como la RAI, se le cubren los gastos de alimentación y casa. Si no los tiene, se le cubre higiene y todo lo que necesite (transporte, formación, etc.) para retomar los hábitos de vida autónoma". Además, subraya Atance, como en la mayoría de casos llegan con hijos, se tramita la escolarización del menor e intervención educativa con ellas.
"Más tarde empezamos con la búsqueda activa de empleo y, en el caso de haber superado ese año de plazo -muchas veces se van antes porque encuentran una habitación o pueden alquilar un piso-, son seleccionadas para una vivienda semitutelada", detalla. Allí, poco a poco van asumiendo parte del alquiler, "de manera que van insertándose progresivamente a la sociedad", añade.
Sin embargo, y pese a que las mujeres llegan a la formación "muy motivadas", quizás uno de los mayores obstáculos es precisamente encontrar empleo. "La dificultad es encontrar un trabajo amoldado para que puedan hacerse cargo de sus hijos, que al final es la conciliación de la que siempre hablamos las mujeres", denuncia la integradora social.
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