Los datos y resultados del trabajo de la UAVDI-Aragón en el último año se han dado a conocer este lunes, en el encuentro celebrado en la Delegación del Gobierno en Aragón, durante la reunión interprofesional anual. Este sexto encuentro ha estado presidido por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, y el vicepresidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme.

También han asistido a la reunión los representantes de todas las instituciones y colegios implicados en situaciones en las que se abusa de personas con discapacidad intelectual, como son: Delegación del Gobierno en Aragón, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Fiscalía Superior de Aragón, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Fiscalía Provincial de Zaragoza, Guardia Civil de Zaragoza, Brigada Regional de la Policía Judicial, Policía de Aragón, Colegio Profesional de Psicología de Aragón, Colegio de Trabajadores Sociales, Policía Nacional de Zaragoza y Tribunal Superior de Justicia en Aragón.

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha subrayado que hablar de violencia no solo es hablar de cifras, sino que es importante conocer la situación de las víctimas y "poner en marcha cualquier recurso que nos ayude a luchar contra esta lacra".

Además de la información sobre los casos, se ha comunicado que desde el nacimiento de la UAVDI se han utilizado 12 plazas de emergencia, tres de las cuales están en uso en la actualidad. Este servicio, habilitado por ATADES, presta ayuda a la víctima mientras requiera de protección en un entorno distinto al habitual en el que sufre abuso.

Asimismo, en el último año se ha incrementado en un 40 por ciento la demanda de plazas de emergencia para personas con discapacidad intelectual, con respecto a las plazas usadas desde la puesta en marcha de ese servicio en el año 2015.

Por su parte, el vicepresidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme, ha destacado que desde la puesta en marcha de la Unidad, UAVDI-Aragón, se ha atendido a un total de 230 personas con discapacidad. Dado el aumento de las cifras, ha recordado la importancia del trabajo conjunto entre instituciones.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Por otro lado, el gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga, ha explicado cuáles son las líneas de intervención de UAVDI-Aragón. En primer lugar, se presta servicio a las personas con discapacidad intelectual que sufren violencia o abusos, ofreciendo la figura del facilitador, apoyo jurídico o psicoterapia.

La segunda línea de actuación está relacionada con la formación, tanto a profesionales como a personas con discapacidad intelectual, para que sepan identificar situaciones en las que puede darse situaciones de violencia y sean capaces de trasladarla a sus entornos.

El tercer plano acción está vinculado a plazas residenciales o espacios de emergencia para cuando se hace necesario que los discapacitados intelectuales abandonen su espacio comunitario. Por último, se trabaja en protocolos o procesos de investigación para mejorar la protección a estas personas.

En esta línea, Arrizabalaga ha confirmado que, desde la pandemia, se ha dado un aumento de los casos de abuso a personas con discapacidad intelectual, "o se están denunciando más". A este respecto, ha añadido que prevalecen situaciones de abuso psicológico, económico y físico.

LA FIGURA DEL FACILITADOR

La coordinadora del área de Protección de ATADES, VictoriaLedesma, ha apuntado que, a pesar de la creciente demandada de UAVID-Aragón, actualmente no está regularizada la figura del facilitador. No obstante, ATADES ofrece la posibilidad de contar con esta figura de forma gratuita para las víctimas en Aragón.

En este sentido, UAVDI-Aragón insta a que sean concretados los criterios exigibles para ejercer de facilitador, al tratarse de un profesional con un alto nivel de cualificación y especialización,que aborda situaciones muy delicadas con un alto grado de responsabilidad.

La figura del facilitador, en los casos de abusos a personas con discapacidad intelectual, tiene los siguientes objetivos: Garantizar el acceso a la justicia de la persona vulnerable; ofrecer los apoyos para decidir y enfrentar el proceso; prevenir la revictimización, y garantizar la obtención de la prueba testifical en las mejores condiciones posibles.