La fiscalía provincial de Castellón, a través de un decreto, pide al juzgado de Vinaròs la declaración en calidad de imputados del alcalde del PP en Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, y del resto de la corporación municipal, además de la arquitecta municipal y una técnico de urbanismo, por un supuesto delito de prevaricación en la unidad de ejecución P-23 de Cap i Corb.

Al respecto, el secretario de organización provincial del PSPV-PSOE, Francisco Valverde, pidió toda la información judicial y administrativa relativa a la aprobación del planeamiento para "estudiar con detenimiento el tema antes de adoptar cualquier decisión".

No obstante, Valverde mostró "sorpresa" ante el hecho de que la fiscalía "impute también a los representantes de la oposición cuando se trata de una iniciativa impulsada por el equipo de gobierno y, a priori, con los informes técnicos en regla".

Para el secretario de organización, "en el PSPV, los temas se afrontan siempre sin ningún tipo de problema, en lugar de mirar hacia otro lado como, de forma reiterada hace el PP, en temas polémicos y de mucho más alcance como la petición de cárcel para el presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra, por formar parte de una trama dedicada a falsificar analíticas y cuños de insecticidas que se comercializaron durante años y que tuvieron que ser retirados del mercado por ser nocivos para las personas, o como la petición de cárcel para el vicepresidente de la diputación, Vicente Aparici, por permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos", dijo.