Detenidos 12 españoles por estafar a más de 700 inmigrantes

Todas ellos, de nacionalidad española, estafaron a lo largo de dos años y medio en una asesoría jurídica a los inmigrantes, a los que cobraban alrededor de 1.000 euros para tramitar ofertas de empleo o permisos de trabajo y residencia falsos.

Los detenidos están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los trabajadores, estafa y falsedad documental. Según informó hoy la Dirección General de la Policía, los ingresos obtenidos ilícitamente por los detenidos podrían ascender a más de un millón de euros.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Extranjería y Documentación, junto con la Brigada Provincial de Extranjería y varias comisarías de Madrid.

Dos de los arrestados, Miguel Arcángel H. G. y Yolanda B. P., eran los responsables de una asesoría jurídica dedicada a la falsificación de un gran número de ofertas de empleo y solicitudes de permiso de trabajo y residencia destinadas a ciudadanos extranjeros.

Estos dos detenidos utilizaban los datos y las firmas de terceras personas, sin su consentimiento, para completar la identidad de los empleadores mientras que, en otras ocasiones, y para adaptarse a la nueva legislación, "contrataban" a falsos empleadores -los otros diez arrestados- quienes, a cambio de 300 euros, estaban dispuestos a figurar como tales en las falsas ofertas de trabajo.

Cómo dieron con ellos

Las investigaciones se iniciaron en febrero del pasado año cuando en la localidad de Alcorcón una persona denunció que habían utilizado sus datos sin consentimiento para la tramitación de documentos de ciudadanos extranjeros, denuncia a la que siguieron otras similares tanto en esa comisaría como en otras de diferentes distritos de Madrid.

Los denunciantes tenían conocimiento de que se estaban tramitando documentos con sus datos como empleadores sin su consentimiento cuando recibían alguna notificación oficial.

La Policía determinó que el origen de estos documentos estaba en una asesoría jurídica situada en la calle Francisco de Rojas de Madrid, con cuyo domicilio Miguel Arcángel tenía dadas de alta otras sociedades mercantiles que fueron utilizadas para la tramitación de permisos de trabajo para extranjeros.

En el verano del pasado año, poco después de que la asesoría cambiara su domicilio a la calle Jordán, Miguel Arcángel tuvo un altercado con un ciudadano peruano por una discusión sobre una documentación y una dotación policial acudió al lugar y le detuvo tras comprobar que tenía pendiente una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Cuando, a finales de 2003, cambió la legislación y se exigió que el empleador fuera quien directamente presentara la documentación para solicitar un permiso de trabajo y residencia de un ciudadano extranjero, los responsables de la asesoría cambiaron su estrategia y consiguieron personas dispuestas a figurar como tales pero que finalmente no contrataban a los trabajadores. Estos falsos empleadores recibían por cada solicitud 300 euros.

De un total de 3.057 expedientes que la Policía analizó, se determinó que durante dos años y medio los arrestados consiguieron ingresos superiores al millón de euros, ya que cobraban cantidades que rondaban los mil euros por tramitar una solicitud de permiso de trabajo y residencia para ciudadanos extranjeros que no contaban con una oferta de trabajo de un empleador, por lo que la asesoría les "facilitaba" una oferta de un falso empleador.
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