La Justicia rechaza investigar a Esperanza Aguirre por reducir 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Senado, Esperanza Aguirre, sale de la sede del PP tras una reunión del Comité de Dirección del PP, a 29 de octubre de 2021, en Madrid, (España). El encuentro se produce un día después de la condena realizada por la Audiencia Nacional al Partido Popular al considerar que las obras de reforma del cuartel general del partido en la calle Génova de Madrid se pagaron en parte con dinero de contabilidad extraoficial en los años en los que Luis Bárcenas era gerente (1990-2008) y tesorero (2008-2009). La Audiencia Nacional ha concluido que Barcenas "gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela --contabilidad 'b'- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial, ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".
29 OCTUBRE 2021;PP;COMITE DE DIRECCION;PARTIDO POPULAR;AUDIENCIA NACIONAL
Eduardo Parra / Europa Press
29/10/2021
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Senado, Esperanza Aguirre.
Europa Press

La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, fuera imputada por prevaricación y malversación por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press confirman la decisión de la jueza y avanzan que recurrirán la negativa de investigarla. Entienden que esa reducción en el número de camas se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que presumiblemente causó un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros.

¿De qué la acusa la Fiscalía?

Fue en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.

Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir "que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A.

Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008 en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales.

Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de "la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió".

Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, "se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos".

Sin embargo, según precisó la Fiscalía en diciembre de 2020, no existía "una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros".

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