Austria se ha convertido este viernes en el primer país de la Unión Europea (UE) en introducir una vacunación obligatoria contra el coronavirus en el conjunto de la población. Quienes no hayan puesto el brazo para el próximo 1 de febrero de 2022, tendrán que vacunarse por ley. El país centroeuropeo ha tomado esta medida, según ha explicado el canciller federal, Alexander Schallenberg, porque "demasiados [ciudadanos] se han mostrado insolidarios" y el país está atravesando la peor ola de covid-19 desde el inicio de la pandemia.
La medida ha sido anunciada junto al decreto del confinamiento durante al menos 20 días de toda la población en Austria. Ambas decisiones llegan cinco días después de que el país comenzara el confinamiento de las personas que han rechazado vacunarse. En este momento de la pandemia, con la vacunación ampliamente extendida en los países de rentas altas y el virus todavía circulando, las autoridades plantean restricciones poniendo el foco en las personas no vacunadas.
En España, donde aproximadamente el 60% de los pacientes ingresados en UCI son personas que no se han vacunado -aunque este porcentaje varía según regiones, cada vez son más las Comunidades Autónomas que reclaman al Gobierno una Ley de Pandemias para disponer de un respaldo legal para la ampliación del uso del pasaporte covid, inicialmente planteado para controlar los viajes entre los países de la Unión Europea y que ahora se quiere exigir para acceder a restaurantes, locales de ocio nocturno, eventos, gimnasios u hospitales -como acaba de aprobar Galicia-.
Este viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que "si puede ser un incentivo, el Ministerio apoyará lo que pidan las Comunidades Autónomas", al tiempo que ha incidido en la necesidad de incentivar la vacunación entre la población de 20 a 40 años, que es la que menor porcentaje de vacunación presenta en España.
"Recorte de libertades"
Tras ver el paso dado por Austria, la pregunta es: ¿podría pasar eso en España? Como con el resto de las vacunaciones en España, los pinchazos contra la covid-19 tampoco son obligatorios. Julio Guinea, profesor de Derecho en la Universidad Europea, explica que esta medida supone un "recorte de libertades" de la población. Actualmente no existe el marco legal que ampare la obligación de la vacunación en España. Para ello, habría que aprobar una ley orgánica con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados, aspecto que "ahora es difícil porque supondría un recorte de libertades".
El experto en Derecho Internacional Público, Unión Europea y los Derechos Humanos apunta que para abordar esta cuestión hay que remitirse al artículo 14 de la Constitución, según el cual "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Sin embargo, el artículo 43 de la Carta Magna española, que protege el derecho a la protección a la salud, podría ser "la puerta de entrada" en la que se basara una posible futura ley que impusiera la vacunación. "Poderse hacer siempre se puede hacer, aunque luego el Tribunal Constitucional diga que fue inconstitucional. Pero hay que saber que los derechos fundamentales como la libertad e intimidad individual están por encima", expone Guinea.
"Las cifras [de este momento en España] no justifican el recorte de libertades. El momento tiene que acompañar"
El experto cita igualmente el Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, ratificado por España en 1999, que recoge en su artículo 2 que "el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia".
Guinea aboga por primar el "sentido común y crítico", e insta a "no hacer seguidismo de lo que otros estados están haciendo porque tienen una situación particular". Mientras que en Austria el porcentaje del total de la población con la pauta completa de vacunación roza en Austria el 65%, en España esta cifra asciende al 79%. España es, después de Portugal, el país europeo con la tasa más alta de vacunación. En cuanto a la situación epidemiológica, si Austria registraba este jueves una incidencia acumulada a 14 días de 1.602 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, en España la IA es de 104, según el informe de este jueves del Ministerio de Sanidad.
"Obligar puede ser incluso contraproducente", abunda el profesor de Derecho. "No hay que forzar. Antes de llegar a ese punto existe un abanico de medidas no farmacológicas como la mascarilla, distancia, ventilación, cribados, rastreos, cuarentenas... Para evitar el alarmismo hay que decir que las cifras [de este momento en España] no justifican el recorte de libertades. El momento tiene que acompañar, pero ahora no es el momento correcto", insiste.
A este debate sobre si la vacuna para la covid-19 ha de ser obligatoria se suma la reciente encuesta del CIS, según la cual el 46,2% de los encuestados afirmó que "habría que obligar a todos y todas a vacunarse" contra el virus, incluso "aunque no quisieran hacerlo". En este contexto, el presidente de Cantabria, Miguel Revilla, ha exigido la vacunación "a todo el mundo, por las buenas o las malas, por lo civil o lo militar".
Cabe recordar que las vacunas actuales son altamente eficaces contra la enfermedad grave y muerte por covid-19, pero no son esterilizantes, por lo que no son infalibles para prevenir la infección, si bien también reducen el riesgo de contagiarse y de transmitir el coronavirus. Es decir, las personas vacunadas también pueden infectarse y contagiar a otras personas.
Custodia compartida
Otra cuestión son los casos de menores de 12 a 15 años, hijos o hijas de parejas divorciadas que discrepan sobre la vacunación de los pequeños. Ahí la última palabra la tiene el juez. En el caso, por ejemplo, de que uno de los padres autorice la vacunación y el otro haya expresado su oposición de forma explícita a los servicios sanitarios, "deberá ser la autoridad judicial quien decida finalmente, a instancias de la parte favorable a la vacunación", expone el Ministerio de Sanidad.
Recientemente, una jueza autorizó a una madre a vacunar a sus hijos contra la covid-19 pese al rechazo de su exmarido negacionista. Esta fue una de las primeras sentencias dictadas sobre el conflicto entre padres divorciados por la vacunación de los menores. La jueza Eva Atares primó la salud de los propios menores y del resto de la sociedad.
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