La Agència Catalana del Consum, de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha abierto expedientes sancionadores a empresas inmobiliarias que son grandes tenedores de vivienda por el incumplimiento de la obligación de ofrecer alquiler social a familias en riesgo de exclusión residencial.

La obligación está prevista en la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, según un comunicado del Govern de este viernes.

Concretamente, en el procedimiento de inspección, se han detectado infracciones "por no acreditar documentalmente la oferta de realojamiento de personas o familias en situación de vulnerabilidad, antes de desahuciarlas por impago del alquiler o de la hipoteca".

De los expedientes abiertos, seis ya se han resuelto con una sanción por infracción grave con multas de 25.000 euros por cada expediente.

La Generalitat ha recordado que, desde el levantamiento de la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley 24/2015 en febrero de 2019, ha llevado a cabo 96 actuaciones inspectoras en relación con la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad.