La crisis migratoria que vive Canarias desde hace meses ha colapsado los recursos para migrantes en las islas. El Gobierno canario ha habilitado alojamientos de emergencia pero esto no ha sido suficiente para cubrir todas las necesidades: a principios de noviembre, la carencia de espacios obligaba a mantener ocupadas más de 700 plazas de hoteles en Fuerteventura. 

Vox insufla aire al pacto presupuestario con Ayuso: no registra una enmienda total... pero se debatirán 3 de la izquierda

El Gobierno de Canarias ha pedido insistentemente un acuerdo a nivel estatal que solucione la situación mediante la colaboración territorial. Son los menores de edad migrantes los que más preocupan: representan el escalafón más débil dentro de un colectivo que ya de por sí es muy vulnerable. Hasta el Senado ha aprobado iniciativas para instar al reparto de jóvenes entre las comunidades.

Aunque no se ha solucionado el problema, ya se han dado pasos en este sentido y se siguen dando. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya espera la llegada de varios jóvenes migrantes procedentes del archipiélago. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso considera "público y notorio" que los sistemas públicos de atención integral de menores en Canarias se encuentran "desbordados y colapsados". Por eso, a finales del pasado mes de octubre firmó con el Ejecutivo canario un protocolo por el que Madrid se comprometía a alojar a varios menores que habían llegado solos a las islas. 

Primera colaboración

Se trata, de acuerdo con un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales madrileña, de la primera vez que se colabora a este nivel con otra administración autonómica. Se han reservado cinco plazas para estos jóvenes y su llegada se producirá en las próximas semanas, según las mismas fuentes. Por lo que está establecido en el protocolo, parece que no llegarán en grupo, sino que se repartirán. 

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid viene atendiendo un gran número de personas menores de edad extranjeras y por tanto también es sensible a esta situación y comparte con el Gobierno de Canarias la necesidad de buscar fórmulas ágiles y eficaces que permitan cumplir con el principio constitucional de solidaridad interterritorial", reza el protocolo. 

El texto recuerda la precaria situación en la que se encuentran estos jóvenes: en situación de "desamparo provisional", "sin familiares" que puedan asumir su guarda y "sin arraigo de ningún tipo" en España.

Los menores llegarán hasta la capital acompañados de personal autorizado por el Gobierno canario. Será la administración insular la que corra con los gastos de estos viajes, según lo pactado. A su llegada a la región, se iniciará el trámite legal de declaración de desamparo y será la Comunidad de Madrid la tutora legal de los menores. 

Las cinco plazas que se han reservado ahora no solucionan el grave problema migratorio, pero ayudan a ir atajándolo. Además, a todas luces representan un compromiso inicial. "Ambas partes manifiestan su voluntad de colaborar más allá de lo expresamente previsto en el presente protocolo, en tanto en cuanto, continúe la crisis migratoria", reza el documento firmado el pasado 26 de octubre.