Así lo ha trasladado a Europa Press su letrado, Marcelino Abraria, quien ha confiado en que este querella suponga la paralización inmediata de las obras y su definitiva demolición. Cabe recordar que en la querella se pedía también la paralización cautelar de la puesta en marcha de la planta depuradora.

Además, ha mostrado su deseo a que se depuren responsabilidades de todos los intervinientes en esta "ilegalidad". Entre ellos, ha citado especialmente al secretario de estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán.

También se querellaron contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez; el director general del Agua de España, Teodoro Estrela; el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Francisco Javier Chacón; o al director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Principado, Pablo Luis Álvarez, y a la empresa responsable del estudio de impacto ambiental para la reactivación de la planta depuradora.

Se apunta, asimismo, como responsables civiles subsidiarios: al Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio para la Transición Ecológica. Además, solicitan la declaración como testigo de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En concreto, Abraria les acusa de los siguientes delitos: prevaricación continuada, falsedad documental y malversación de fondos públicos, a lo que ha sumado discriminación a los vecinos del Pisón.

Referido a Hugo Morán, ha avanzado que presentarán acto de conciliación contra él en Madrid, para que se retracte de sus palabras, aparecidas en los medios de comunicación, acerca de la actitud de los vecinos del Pisón y su batalla judicial contra la depuradora.

De no hacerlo, presentarán una denuncia penal contra él, ya que, según el abogado, pueden incitar a la "discriminación" de estos vecinos,