El año pasado 145.731 mujeres en España denunciaron ser víctimas de violencia de género. Sin embargo, 14.932 se acogieron al derecho a no declarar en contra de sus parejas y presuntos maltratadores. El año 2020 no fue especial en este sentido. Desde que hay registros, cada año en torno al 10% de las maltratadas en España renuncian, conduciendo sus procesos automáticamente al archivo o a la absolución. Pero esto puede empezar a cambiar.
En el mes de septiembre entró en vigor una reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el que permite no declarar contra un familiar procesado. Fue incluida dentro de la ley de protección a la infancia y a la adolescencia. En ella se introduce la excepción de acogerse a esa dispensa cuando se haya denunciado violencia de género. ¿Qué pasará ahora con las 15.000 mujeres que cada año se echan para atrás?
"En los Juzgados lo estamos notando muchísimo", dice Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En las últimas semanas "ha bajado enormemente la retirada de denuncias, porque ahora, si (la víctima) ya ha declarado una vez, ya no puede acogerse a la dispensa".
Sin embargo, Carmona admite que no ha dado tiempo a conocer las implicaciones reales de una reforma tan reciente como controvertida.
Está por ver, por ejemplo, si la obligatoriedad de prestar testimonio tiene algún efecto en el número de denuncias interpuestas, en un país con una tasa alta de violencia de género oculta. O si, como advierten algunos juristas, la retirada de la dispensa que busca poner fin a la impunidad de los maltratadores se vuelve en contra de las víctimas. Dado que si deciden no declarar o cambian su versión podrían incurrir en delitos como la desobediencia o falso testimonio.
El fin de la dispensa en violencia de género es un mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y responde a una demanda histórica de la Justicia especializada, que lleva años asistiendo impotente a miles de sobreseimientos y absoluciones tras la retirada del testimonio de la víctima, la prueba clave.
La avanzadilla de la reforma ya la dio en julio de 2020 el Tribunal Supremo, que determinó que las víctimas de violencia de género que se personan en un procedimiento como acusación particular no pueden negarse a declarar acogiéndose al artículo 416, al ser víctimas y testigos. La decisión, que sentó jurisprudencia, contó con varios votos particulares contrarios que advertían de que esto generaba confusión y podría volverse en contra de las víctimas.
Una medida contra la impunidad
La filosofía que subyace en el cambio legal es que ningún delito quede impune. "Cuando les acaban de pasar los hechos, las mujeres tienen ganas de declarar, pero pasados los meses algunas se sienten culpables, o se ven coaccionadas, quizás incluso creen que se ha calmado la cosa, pero, claro, con ese derecho a la dispensa lo que estaba ocurriendo es que quedaba impune un delito de violencia de género", explica Ángeles Carmona.
"Lo que ocurría", ahonda Lucía Avilés, magistrada de lo penal y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas, "es que el silencio de las mujeres estaba beneficiando a los agresores".
Avilés, sin embargo, se muestra cautelosa sobre las repercusiones de la reforma aprobada. "Está por ver", dice. "A nivel procesal, creo que la ventaja es que se puede seguir hasta el final el procedimiento, pero es dudoso si beneficia a las víctimas, sobre todo ante la falta de medidas suficientes para el acompañamiento de estas mujeres en el tránsito a recuperarse del ciclo de la violencia de género", plantea.
La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, adelanta a 20minutos que los fiscales especializados, reunidos este mes de noviembre, han debatido sobre el alcance de esta reforma legal y ultiman un documento con instrucciones y conclusiones que, entre otras cosas, planteará que se articule mejor la reforma para "llevar la protección de las víctimas a la enésima potencia y evitar los espacios de impunidad que perjudican a las víctimas". Así, por ejemplo, se plantean pedir que no se exija el juramento a la víctima para evitar un posible delito de falso testimonio.
La dispensa decae en sede judicial
Ángeles Carmona, que es favorable a la eliminación de la dispensa, también ve necesario un buen asesoramiento previo e introducir legalmente la posibilidad de que en los juicios no se obligue a la víctima a prestar declaración bajo juramento.
Tal y como funciona ahora, son las fuerzas de seguridad las encargadas de explicar a las denunciantes en comisaría que ya no podrán renunciar a prestar testimonio en virtud del artículo 416. Aquí hay cierta polémica, admite Carmona, sobre si es suficiente con la información policial o si la dispensa decae cuando la víctima ratifica la denuncia en sede judicial. Mientras el sistema encaja la reforma, Carmona interpreta que es más garantista que empiece a contar desde que la denuncia se ratifica en los Juzgados, cuando son informadas de que es determinante para ponerles protección.
Pese a que no ha dado tiempo a celebrar juicios penales en número suficiente, el fallo del TS de 2020 permite a los magistrados entrever qué pasará con las miles de mujeres que, por la idiosincrasia de la violencia de género, muestran conductas contradictorias y vaivenes. La magistrada Avilés explica que lo que ya está pasando es que esas víctimas están siendo menos contundentes en sus declaraciones.
"En la práctica lo que nos encontramos son declaraciones un poco forzadas en las mujeres que no han cortado lazos con el agresor. No es que mientan, ojo, pero restan peso al relato y ya no se ve la intensidad de la primera denuncia. No es que mientan, repito, pero se dan una serie de condiciones, la presión, la situación de control... que dejan ver que pueda estar siendo influenciada".
Garantías para no empeorar la situación
La Asociación de Mujeres juristas Themis considera que limitar la dispensa puede volverse en contra de las víctimas. "Eliminar la dispensa no va a llevar a que las mujeres se mantengan en la acusación y puede empeorar la situación", defiende su presidenta, María Ángeles Jaime.
En conversación con 20minutos, Jaime duda de que un cambio legal vaya a reducir la coacción del entorno y las dudas que asaltan a las víctimas y reclama mejoras en el asesoramiento antes del inicio de los procesos, "para fortalecer a la mujer, exponerla a las expectativas reales de un proceso penal y anteponer su seguridad a la importancia del reconocimiento judicial de esta violencia".
Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española concluía también, en unas jornadas dedicadas a las novedades legales en violencia de género que, valorando la reforma realizada en materia de dispensa legal como necesaria, "no obstante habrá que analizar sus resultados y la posibilidad real de obligar a declarar a una víctima que no quiera hacerlo”.
La magistrada Avilés cree que el fin de la dispensa debe ir acompañado de mayor inversión en formación sobre violencia de género en toda la cadena de la Administración de Justicia. Porque la denuncia solo puede basarse en la confianza en el sistema, sostiene. "Si no sabemos transmitir que estamos del lado de las víctimas, que las vamos a creer, que investigamos día a día, cuando les informemos de que ya no se pueden acoger a la dispensa es posible que se generen más dudas", dice.
Carmona, por su parte, pide tiempo para los ajustes y confía en que la excepción de la dispensa en violencia de género logre los objetivos que persigue: "Bajar los sobreseímientos, subir las condenas y aumentar las órdenes de protección que pueden salvar vidas. Es de lo que se trata".
Los motivos por los que algunas mujeres retiran la denuncia
Varios estudios realizados con mujeres que desistieron del seguir adelante en su propio juicio por violencia de género concluyen que las que renuncian a seguir sienten culpabilidad y aceptan la creencia de que es necesario aguantar para salvar una relación. Han pensado en volver con la pareja, se arrepienten de haber denunciado y no solicitan órdenes de protección. "Son mujeres que no han progresado suficientemente en su proceso de salida y recuperación, que no están preparadas para ir a juicio".
Abogadas especializadas reconocen que son muchas las víctimas que sienten dudas. "Pese a toda la labor que se lleva haciendo, tienen miedo y te dicen en el despacho que no quieren denunciar, que quieren solucionarlo por las buenas. Bien porque tienen sentimientos ambivalentes, dependencia económica o no quieren que se las señale como las que envían al padre de sus hijos a la cárcel", explica la presidenta de Themis, María Ángeles Jaime.
De esta manera, ocurren situaciones tan dramáticas como la que trascendió hace unos días, cuando una mujer no quiso denunciar a su pareja que la golpeó a puñetazos e intentó estrangularla con el cable del teléfono. Según consta en el atestado, sufrió severas lesiones, pero "no quiso formular una denuncia".
En este caso, la Fiscalía informó de que seguirá adelante el procedimiento con el testimonio de dos testigos de la agresión. "Es fundamental este pequeño cambio de paradigma: la violencia de género es un delito social", considera la magistrada Lucía Avilés: "No es fácil encontrar siempre testigos, pero hay que trabajar más en la investigación, desde las fuerzas de seguridad a los tribunales, para que no recaiga toda la responsabilidad en las espaldas de la víctima".
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios