Más dinero y una nueva estrategia para que la Inspección de Trabajo mejore su capacidad de detectar el fraude laboral. El Consejo de Ministros aprobó este martes un plan para reformar en esa dirección el organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, tal y como explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del ramo, Yolanda Díaz. El paquete de medidas comenzará a aplicarse ya y contempla la ejecución de un aumento del 20% en el presupuesto -una partida ya incluida en las cuentas de este año-, que entre otras cosas servirá para contratar nuevo personal.

La plantilla crecerá en todos sus departamentos, explican fuentes de Trabajo, aunque aún no se ha concretado cuántos profesionales serán contratados. Lo que sí anunció el Gobierno este martes es que entre los nuevos trabajadores de la Inspección de Trabajo habrá expertos en big data e inteligencia artificial, con la intención de mejorar la efectividad de las inspecciones. La intención del Ejecutivo, explica Trabajo, es convertir en permanentes las medidas aplicadas en las últimas semanas a través del plan de choque para el empleo temporal, que en 2021 han conseguido que 267.000 trabajadores que estaban contratados temporalmente de manera irregular pasen a ser indefinidos.

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Esta nueva estrategia, explicó Díaz, "es una de las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales", que complementará a la que el Gobierno proyecta como su gran mediad en este sentido: la reforma laboral. La vicepresidenta aseguró que las medidas aprobadas suponen "cambiar el paradigma de la Inspección de Trabajo tal y como la conocemos" con el fin de "reforzar" su capacidad de actuación, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy emprendiera un "fuerte recorte" a la misma.

"Hasta ahora, la Inspección de Trabajo actúa fundamentalmente en los fraudes en la Seguridad Social, las altas y bajas, y el empleo irregular", explicó Díaz, que afirmó que a partir de ahora el Gobierno pretende "abrir el foco" para que la Inspección de Trabajo sirva para garantizar "los derechos de los trabajadores". Eso implica, por ejemplo, que el organismo recuperará la capacidad de valorar las causas que motivan la realización de un ERE para evaluar la conveniencia de este despido colectivo, ya que ahora mismo la Inspección se limita a "cotejar que se ha respetado el periodo de consultas y que la documentación presentada por la empresa es correcta", criticó la vicepresidenta.

Nuevos departamentos

El plan aprobado este martes por el Gobierno, asimismo, contempla la creación de dos nuevas oficinas adscritas a la Inspección de Trabajo. La primera de ellas será la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, a través de la cual el Gobierno pretende combatir la discriminación que sufren a la hora de acceder a un empleo colectivos como las mujeres, las personas LGTBI o los discapacitados. La segunda será la Unidad Especial de Lucha contra el Fraude Transnacional, un organismo que servirá para centralizar la cooperación con otros países en relación al posible fraude laboral de grandes multinacionales.

Díaz aseguró que este rediseño de la Inspección de Trabajo y el aumento de sus recursos supondrá "un gran legado del Gobierno de coalición" que prepara al organismo para los años venideros. La vicepresidenta señaló que la Inspección ha incrementado, entre enero y mayo, en un 353% su actividad, y se mostró confiada en que el organismo se convertirá en un "sostén de relaciones laborales de calidad, basadas en la lucha contra la precariedad y el fraude".