La UE aprueba que las empresas deban publicar los beneficios y los impuestos que pagan en cada país

  • El Parlamento Europeo, en su lucha contra la elusión fiscal, obliga a las multinacionales a detallar de manera pública los impuestos que abonan en cada Estado miembro.
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Von der Leyen, en el Parlamento Europeo.
Von der Leyen, en el Parlamento Europeo.
CE
Von der Leyen, en el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo (PE), en su lucha contra la elusión fiscal, ha dado luz verde de forma definitiva a la norma que obligará a las grandes multinacionales a publicar los impuestos que pagan en cada Estado miembro.

Al adoptar la ley este jueves, "el PE ha puesto punto final a un proceso legislativo que coleaba desde hacía cinco años a causa de las reticencias de algunos gobiernos", según fuentes de la institución.

De conformidad con la nueva legislación, las multinacionales y sus filiales con actividad en más de un Estado miembro y cuya facturación anual supere los 750 millones de euros estarán obligadas a publicar los impuestos que abonan en cada país de la UE. Esta información se publicará también en internet, con una plantilla común y en un formato apto para lectura automática.

Imagen del Parlamento Europeo.
Imagen del Parlamento Europeo.
DPA vía Europa Press

Información pormenorizada para una mayor transparencia

Según el acuerdo respaldado por los eurodiputados, "para facilitar el uso de esa información y mejorar la transparencia, los datos se desglosarán en categorías específicas, como el tipo de actividad de la empresa, el número de empleados a tiempo completo, los beneficios o las pérdidas antes del impuesto de sociedades, el importe tributario devengado y abonado y las ganancias acumuladas", recalcan las fuentes del Parlamento Europeo.

Evitar abusos por parte de las empresas

Las filiales y sucursales que no alcancen el umbral mínimo de facturación deberán publicar su información tributaria si se considera que fueron constituidas con el único fin de eludir los nuevos requisitos de transparencia, explican desde el PE.

Las multinacionales pueden obtener una exención temporal de las obligaciones de publicación tan solo en unos supuestos muy limitados.

Alcance más allá de las fronteras de la UE

Los informes de transparencia fiscal se aplicarán también más allá de las fronteras de la Unión, en concreto a la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Si bien el Parlamento Europeo habría preferido disposiciones más estrictas para evitar la salida de beneficios con destino a paraísos fiscales fuera de la UE, "las nuevas normas servirán para sacar a la luz la pérdida de recaudación en beneficio de esos territorios".

Ibán García del Blanco, secretario de Cultura y Deportes de la Ejecutiva federal del PSOE.
Ibán García del Blanco, eurodiputado del PSOE.
PSOE

El eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco ha asegurado que esperan "la adopción de este texto hace largo tiempo, para aumentar la transparencia corporativa y sentar un precedente en el mundo". "La UE debe acabar con el secretismo en torno a cómo y dónde hacen negocio las grandes multinacionales, y cuántos impuestos pagan", sostiene. 

Según el europarlamentario, "los ciudadanos, los inversores, los sindicatos, los investigadores y los periodistas tienen derecho a conocer esta información, y las empresas deben demostrar que actúan de manera responsable".

Seis paraísos fiscales están en la UE

Un estudio del director del Observatorio Fiscal de la UE concluyó que aproximadamente el 80% de los beneficios trasladados en la UE va a parar a paraísos fiscales de la Unión. De hecho, el Comité Especial de Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Eludión Fiscal del Parlamento Europeo concluyó en 2019 que siete países de la Unión tenían rasgos de refugio fiscal y señaló a Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. No obstante, para la UE no existen ningún país comunitario que pueda ser catalogado como paraíso fiscal.

La directiva entrará en vigor en unas semanas

La directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial. Los Estados miembros tendrán que transponerla a su legislación nacional en el plazo de dieciocho meses. Por consiguiente, las empresas deberán aplicar las primeras normas de la directiva a mediados de 2024.

El texto prevé la revisión de las reglas al cabo de cuatro años y su prórroga tras una evaluación.

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