El gerente del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Joan Uribe, ha dimitido de su cargo, han explicado fuentes de la Conselleria de Drets Socials.

Según ha avanzado El Periódico, Uribe comunicó esta decisión el 22 de octubre alegando motivos personales pero estaba tomada, según el departamento, antes del verano.

"Es una cuestión meditada durante largo tiempo como consecuencia del desgaste personal, vinculado a la gestión de la pandemia", han añadido desde el departamento, que abrirá un proceso de selección garantizando la transparencia y concurrencia.

El sindicato CGT anunció a principios de octubre que denunciaría ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) presuntos sobresueldos, contrataciones indirectas e irregularidades en el Consorci, constituido en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento de Barcelona.

Posteriormente, la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, sostuvo en el pleno del Parlament que lo detectado en la entidad son más incidencias que irregularidades, que están subsanadas o en vías de estarlo: "Estamos encima, y trabajaremos para subsanar todas estas incidencias".

Cervera concretó que el presupuesto del año pasado del consorcio fue de 76 millones de euros, cuando el consorcio tiene "un nivel de personal débil para poder gestionar estos 76 millones".

Según el análisis que hace la CGT 
de las auditorías, en 2015 se pagaron sobresueldos por encima de convenio 
por valor de 352.379 euros, en 2017 
por 328.726 euros y en 2019 por valor 
de 256.000 euros

Por su parte, el consistorio subrayó a principios de octubre que "es la Generalitat la que establece la estructura retributiva" del Consorci, y fuentes municipales aseguraron textualmente que el Ayuntamiento está plenamente comprometido con la transparencia y la buena gestión de esta entidad.

Sobresueldos entre los años 2014 y 2019 

A mediados de octubre se hacía público que la Sindicatura de Comptes y la Intervenció de la Generalitat habían detectado contrataciones irregulares por 20 millones de euros y sobresueldos entre los años 2014 y 2019.

El informe de la Sindicatura sobre 2014 concreta que 20 de los 22 expedientes analizados, por un valor de 22 millones de euros, se tramitaron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública y sin justificación. Además, en 12 de los contratos menores fiscalizados el importe facturado supera el importe autorizado en el contrato y en siete casos el importe total facturado por el proveedor supera el umbral fijado en la normativa de contratación para los contratos menores, por lo que se tendrían que haber tramitado mediante un procedimiento con concurrencia.

Algunos trabajadores recibieron una tercera paga extra, en concepto de asistencia y puntualidad, mientras 
que la normativa de la función pública 
solo prevé dos

En el área de personal, algunos trabajadores recibieron una tercera paga extra, en concepto de asistencia y puntualidad, mientras que la normativa de la función pública solo prevé dos. Además, indica que en 2017 no se disponía de manuales del circuito de caja en el que se determinasen el uso de efectivo y el control y que se ejecutó gasto por 957.840 euros, por lo que no se disponía de crédito suficiente.

En el informe de la Intervenció de la Generalitat de 2015 se concluye que la entidad dio cumplimiento a la normativa a excepción de la referente a los gastos de personal, de la normativa patrimonial, de la de contratación y de la de protección de datos. 

Entre otros, apuntan a la creación de dos conceptos retributivos que no constan en el convenio y también se incrementó la retribución de dos personas sin justificación aparente. Según el análisis que hace la CGT de las auditorías, en 2015 se pagaron sobresueldos por encima de convenio por valor de 352.379 euros, en 2017 por 328.726 euros y en 2019 por 256.000 euros.