Mediante este plan, la institución insular facilitará 30 viviendas que permitirán promover la autonomía de al menos 60 personas que se han visto expuestas a este tipo de violencia, tanto mujeres como sus familias.

El proyecto incluirá la atención de personal especializado que prestará servicios de acompañamiento social y de intervención integral en sus procesos de empoderamiento y recuperación.

La vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, destacó este martes, durante un pleno extraordinario de la institución insular, la necesidad de que este tipo de medidas "sean, para las mujeres, la puerta de salida a una situación de violencia que las pone en peligro diariamente y que les imposibilita una integración completa en la sociedad".

Franquet explicó que la situación creada por la pandemia ha agravado la situación de la violencia de género, por lo que asegura que "las viviendas son fundamentales para que mujeres, niños y niñas puedan reorientar y volver a planificar sus vidas".

Además, explicó que esta medida se incluye en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en España pero que, ante la tardanza en la llegada de los fondos, el Cabildo ha decidido llevarla a cabo de manera directa.

De esta manera, la corporación insular ha dotado con 250.000 euros a este proyecto, que contará con el trabajo de ocho especialistas y que arrancará el 1 de diciembre.

Las personas beneficiarias recibirán el asesoramiento y acompañamiento de profesionales en educación social, trabajo social o abogacía, para lograr una integración social y laboral que les permita continuar con los alquileres de manera autosuficiente.

La consejera destacó el papel de la integración social en este proceso, de un año de duración: "No es solo la necesidad de vivienda, sino el acompañamiento especializado por las profesionales de la red. Es precisamente esto lo que convierte al proyecto en una 'pasarela' a vida independiente y socialmente integrada".

Asimismo, busca favorecer la reparación del daño social experimentado por las víctimas de violencia de género, cumpliendo con las medidas 75 y 167 del Pacto de Estado, relacionadas con el acceso a la vivienda y la mejora del apoyo social, educativo, la formación e inserción laboral.