Escrivá propone elevar en 72 euros al año lo que pagan los mileuristas para nutrir la "hucha de las pensiones"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
EUROPA PRESS
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Nueva vuelta de tuerca al plan del Gobierno para pagar las pensiones de la generación del baby boom. El Ejecutivo ha elevado una décima más, hasta los 0,6 puntos, la propuesta de cotización adicional a la Seguridad Social que deberán abonar durante diez años empresas y trabajadores. Según el último borrador, los primeros pagarían 0,4 puntos y los segundos 0,2 puntos. El objetivo de la medida es intentar equilibrar las cuentas del sistema de cara a los años en los que soportará una mayor presión por la jubilación de los baby boomers.

Según explicaron CCOO y UGT, esta ha sido la propuesta que ha llevado esta mañana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige el ministro José Luis Escrivá, a la mesa con patronal y sindicatos en la que negocian algunas de las medidas que quedaban pendientes de la reforma de pensiones que se tramita en las Cortes.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, por su parte, aseguraron que esta ha sido "una reunión muy productiva", en la que han presentado "pequeñas modificaciones sobre la propuesta de la semana pasada sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)", entre las que se incluyen una subida de 0,6 puntos y el reparto de la misma entre empresa y trabajador. "Se están realizando avances y las conversaciones continuarán los próximos días", han añadido desde Inclusión.

La propuesta supone elevar el esfuerzo extra que el Gobierno quiere exigir a trabajadores y empresas para sostener el sistema de pensiones. Hace apenas una semana, el Ministerio de Escrivá planteó un incremento temporal del 0,5 puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan trabajadores y empresas, que se abonaría al menos hasta 2030. Según los cálculos expresados entonces, el objetivo era recaudar unos 1.000 millones de euros extra al año.

Con esos fondos, precisaron fuentes cercanas al departamento de Escrivá, se busca 'engordar' el Fondo de Reserva, de forma que pueda ser empleado a partir de 2030 en caso de que haya una "desviación de gasto" respecto a las previsiones. El Gobierno tiene marcada esa década porque es entonces cuando el sistema "podría verse más tensionado", pues es entonces cuando se producirá la jubilación de la generación del 'baby boom'.

La subida inicialmente planteada suponía unos 60 euros al año para un trabajador mileurista. Con el planteamiento de este lunes, el incremento sería ya de unos 72 euros al año. Fuentes cercanas al Ministerio de Escrivá sostuvieron la pasada semana que se trata de "una cantidad muy reducida".

A partir de 2032, esta ratio se revisará cada tres años

Las organizaciones sindicales valoraron este lunes "el giro de la posición del Gobierno en cuanto a centrar la definición del mecanismo de equidad intergeneracional en torno a una mejora de ingresos y la mejora de esta propuesta en términos de equidad intergeneracional en comparación con el Factor de Sostenibilidad que ahora se deroga".

No obstante, consideraron que la propuesta debe ser mejorada en términos de suficiencia, con más ingresos, y una mejor distribución de la cotización adicional entre empresa y trabajador.

Ello, añadieron, no debe predeterminar las negociaciones futuras en el seno del diálogo social, de ser necesarias, al tiempo que han de avanzar en todas las materias pendientes de desarrollo aún del Acuerdo de Pensiones de julio pasado.

Esta subida de las cotizaciones sociales, que se aplicaría desde 2023 y hasta 2032, tendría un carácter finalista, ya que iría destinada a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros.

El objetivo de este mecanismo, que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado, es garantizar las pensiones de los llamados baby boomers, los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.

Además de este incremento de las cotizaciones sociales y como parte del mecanismo de equidad intergeneracional, el Gobierno deberá mantener el gasto en pensiones sobre el PIB según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report (0,8 puntos del PIB, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy).

Y para ello, a partir de 2032, revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo.

Se trataría así, explicaron las fuentes consultadas, de una herramienta contingente y solo se activaría si se dieran determinadas circunstancias, como un incremento del gasto en pensiones, y además sería temporal y equilibrada, puesto que no sería soportada por una sola generación.

El Ministerio, la patronal y los sindicatos apuran las últimas reuniones de la mesa de diálogo social para tratar de cerrar este mecanismo de equidad intergeneracional, que quedó esbozado en el proyecto de ley de reforma de pensiones y que el Gobierno quiere introducir en el trámite de enmiendas del Senado para que entre en vigor junto con el resto de medidas el próximo 1 de enero.

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