El Ministerio de Educación tiene previsto destinar una partida de 43 millones de euros para mejorar la inclusión en los colegios a través de una serie de medidas cuyo desarrollo todavía está en elaboración. El objetivo es fortalecer la capacidad del sistema educativo público para optimizar la atención a aquellos alumnos y alumnas con necesidades más complejas. 

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Según avanzan fuentes del departamento de Pilar Alegría a 20minutos, es una partida que va incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y que se desarrollará a través de los Programas de Cooperación Territorial. "Hay que negociar la propuesta y posteriormente aprobarla en una Conferencia Sectorial", cuentan las mismas fuentes, añadiendo que también tendrán que debatirlo "en paralelo" con las organizaciones sociales.

El plan todavía está en desarrollo, y podrá empezar a debatirse "cuando estén aprobados los Presupuestos", explican desde Educación. Por tanto, no se van a detallarán los puntos hasta que las cuentas vean luz verde en las Cortes. 

Con todo, este periódico ha podido conocer las líneas generales del plan y los asuntos en los que pretende incidir; que se negociarán con las comunidades autónomas, y que contemplan, en definitiva, una mejora de los recursos para la formación de las personas que requieren necesidades educativas especiales.

Una de las metas es enfocarse en el sistema de atención temprana, que ya existe en algunas autonomías y que se hará "en coordinación con las áreas de salud y los servicios sociales", adelantan fuentes del Ministerio. También se pretende incidir en la mejora de los "recursos personales", analizando las necesidades del personal -tanto docente como no docente- y de otras figuras, como fisioterapeutas o intérpretes. 

Otros asuntos en los que quieren incidir es la elaboración de proyectos de accesibilidad cognitiva; en el estudio y especialización de las discapacidades sensoriales, el comportamiento y la salud mental; y en promover y mejorar los centros de educación especial, cuya función será la de atender a personas con "necesidades más complejas". 

El refuerzo de la "equidad y la capacidad inclusiva" ya se contempla en diversos puntos de los presupuestos y de la LOMLOE. En la reforma educativa, comúnmente conocida como Ley Celaá, se contabilizan un total de 707.405 personas que recibieron algún tipo de apoyo educativo en el curso 2018-2019 como consecuencia de presentar alguna necesidad específica. El 82,4% estuvo integrado en centros ordinarios; razón por la cual se ha decidido mejorar la atención y garantizar así la educación en los colegios públicos ordinarios.

Uno de los beneficios de dotar de medios a la escuela ordinaria, sostienen fuentes del Ministerio de Educación, será que los padres puedan elegir donde quieren escolarizar a sus hijos. "En Madrid o en las grandes ciudades hay centros especiales, pero en las zonas rurales, no. ¿Un padre con un hijo que tiene una discapacidad tiene que verse obligado a llevarlo a varios kilómetros de distancia? Si decide llevarlo a un centro ordinario, la ley dice que habrá que dotarlo de medios materiales y humanos para atender a ese niño", se preguntan estas mismas fuentes.

Uno de los puntos más polémicos de la LOMLOE

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Este asunto -el que hace referencia a los centros especiales- fue uno de los temas que más polémica suscitó durante el proceso de tramitación parlamentaria de la LOMLOE. La controversia surgió por el rechazo de los representantes de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y docentes a "traspasar a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios", tal y como denunció la 'Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También', a 20minutos. 

Se interpretó entonces que el hecho de especificar que los centros de educación especial estarían destinados únicamente a los alumnos que requieran una atención muy especializada supondría una discriminación para muchos de ellos. La consecuencia, denunciaron, sería que los niños con discapacidades graves no podrían conseguir una "integración real" en los colegios ordinarios, donde estarían peor atendidos que en los centros especiales a los que acuden en la actualidad.

Por su parte, el Ministerio de Educación trató de calmar los ánimos asegurando que los centros especiales no iban a desaparecer, como auguraban algunos partidos y asociaciones, y se comprometió a trabajar para que todos los alumnos con necesidades especiales que se escolarizaran en centros ordinarios tuvieran garantizada la mejor atención.