La nueva normativa europea de derechos de autor es "un peligro para la libertad de expresión", advierte FACUA

  • La ONG critica al Gobierno que acepte una norma que permite "censurar contenidos sin garantías judiciales previas". 
Portavoz de Facua, Rubén Sánchez
EUROPA PRESS
  (Foto de ARCHIVO)
27/5/2021
Portavoz de Facua, Rubén Sánchez. 
EUROPA PRESS
Portavoz de Facua, Rubén Sánchez
EUROPA PRESS
  (Foto de ARCHIVO)
27/5/2021

Facua-Consumidores en Acción ha advertido este viernes de que la nueva normativa que traspone la directiva europea sobre derechos de autor "es un peligro para la libertad de información y expresión, al abrir la puerta a que las plataformas audiovisuales censuren en vivo y en directo la emisión de contenidos que consideren piratas sin garantías judiciales previas".

"En la práctica, su artículo 73 obliga a las plataformas a censurar mediante algoritmos cualquier contenido sujeto a propiedad intelectual subido por los usuarios de la que no tengan autorización para su emisión si no quieren incurrir en responsabilidades, saltándose así cualquier procedimiento judicial previo", ha detallado en un comunicado.

Críticas a Sánchez

En este sentido, Facua ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya introducido "elementos de censura previa que sólo benefician a las grandes empresas audiovisuales, cuyo contenido quedará retirado de la red de forma preventiva simplemente por la actuación de robots que las plataformas de emisión implementen".

"Así, aunque los usuarios cuyas emisiones sean retiradas disponen de un plazo de 10 días para reclamar, la medida cautelar no se suspende, por lo que el contenido permanecerá sin estar accesible hasta que se resuelva el procedimiento", ha subratado.

Facua ha apostillado que "todo ello, además, sin que la decisión previa de eliminar dicho contenido sea llevada a cabo por ningún juez, sino por algoritmos que deberán implementar las empresas privadas de transmisión para evitar incurrir en responsabilidades".

También considera "lamentable" que el Ejecutivo haya decidido realizar la trasposición de dicha Directiva europea mediante la vía del Real Decreto-ley, "eliminando así cualquier posibilidad de debate parlamentario y público y sin la debida transparencia". Esta normativa deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días, pero sólo permite su aprobación o derogación en bloque, ya que traspone diferentes directivas europeas.

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