Desahucian a una familia de un piso del Ayuntamiento de Barcelona cuando la madre llevaba a los niños a la escuela

  • El proceso judicial se inició a raíz de conflictos por tráfico de drogas de los anteriores ocupantes de la vivienda.
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Agentes de los Mossos d'Esquadra
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Una familia con dos menores a cargo que ocupaba un piso propiedad del Ayuntamiento de Barcelona ha sido desahuciada cuando la madre llevaba a los hijos a la escuela. Los hechos se han producido este jueves por la mañana en el número 9 de la calle de l'Om del barrio del Raval. 

Ni los afectados ni el colectivo vecinal en el que se habían implicado, el Sindicat d'Habitatge del Raval, no habían recibido ninguna notificación judicial previa. El motivo que explica esta situación es que el gobierno municipal había pedido el desalojo del piso al detectar problemas de narcotráfico continuos que suponían una preocupación vecinal y policial. Últimamente, los delincuentes se habían ido y había entrado una nueva familia, que ha sido la desahuciada.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra apuntan a que no tienen constancia de que esta nueva familia tenga ningún tipo de vínculo con ningún hecho delincuencial. Sin embargo, el pasado del piso en el que vivían ocupando les ha acabado suponiendo la expulsión por sorpresa. Un juez ha ejecutado el desalojo como medida cautelar, dejando a los habitantes del inmueble sin la comunicación previa habitual en casos de desalojos.

La regidora de Habitatge i Rehabilitació del consistorio barcelonés, Lucía Martín, ha reconocido que el motivo por el que el Ayuntamiento había pedido el desahucio era la relación del piso con la venta de droga. "Habíamos recibido múltiples quejas vecinales", apunta, sobre los anteriores ocupantes. 

Esta situación había llevado a la coordinación del gobierno del distrito, al vecindario y a los cuerpos policiales. Fuentes de los Mossos confirman que durante "mucho tiempo" se había detectado actividad de narcotráfico y "conflictos vecinales" en aquel piso. También añaden que la policía tenía conocimiento de que los traficantes se habían ido y habían permitido que entrase la nueva familia. Desde el Sindicat d'Habitatge del Raval plantean la posibilidad de que los delincuentes vendiesen las llaves a la nueva familia vulnerable que entraría.

Un juez ha ejecutado el desalojo como medida cautelar, dejando a los habitantes del inmueble sin la comunicación previa habitual en casos de desalojos

Fuentes del colectivo por el derecho a la vivienda denuncian que trabajadores de la Oficina d'Habitatge del Ayuntamiento sabían que se había instalado una nueva familia en el piso municipal. De hecho, aseguran que el pasado miércoles, en el momento en que dos agentes de paisano llamaron a la puerta del piso para desalojar el inmueble, el hijo mayor de edad que se encontraba en el piso se pensaba que la visita era de los asistentes municipales. 

La regidora Lucía Martín, por contra, niega que el consistorio tuviese constancia: "Los indicios que teníamos en relación a esta vivienda era que se estaba produciendo una actividad delincuencial". En el mismo sentido, ha subrayado que "los únicos desahucios que se están ejecutando en parque público son aquellos que están vinculados a actividades delictivas".

Los servicios municipales se han hecho cargo de ofrecerles un alojamiento de emergencia

Mientras, la familia afectada por el desahucio por sorpresa busca ahora un nuevo hogar. De entrada, los servicios municipales se han hecho cargo de ofrecerles un alojamiento de emergencia. Igualmente, este viernes, los activistas del Raval prevén acompañar a los desalojados a la oficina de Serveis Socials del barrio para garantizar que la administración les busca una alternativa más firme.

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