La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), una organización que agrupa a Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo, considera que el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Fnsse) que pretende crear el Gobierno es "una medida absolutamente necesaria" que "tendrá efectos positivos sobre los consumidores eléctricos y sobre el conjunto de la economía nacional".

Así lo han asegurado este jueves durante la presentación del informe Impacto del Fnsse, en el que se analizan los pormenores de este fondo que nace con la intención de abaratar el recibo de la luz y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Aelec considera que la creación del fondo "es un primer paso en la buena dirección" porque "reparte el coste de descarbonización entre todas las energías", "adelanta una reforma fiscal medioambiental" y contribuirá a la electrificación y descarbonización de la economía.

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La asociación de las grandes eléctricas estima que en 2026 -primer año en que el fondo tendrá efectos plenos tras el periodo de transición- el consumidor doméstico se ahorrará un 14% en la factura de la luz. No obstante, señalan que este tipo de consumidor notará una subida del 6% en la factura del gas y en el precio de los carburantes, aunque el balance global será de un ahorro de 291 euros anuales para esa fecha. 

Eso sí, todo ello en un escenario hipotético en el que se suprimiera el impuesto a la generación de la electricidad, una tasa que las empresas por producir e incorporar energía eléctrica al sistema y que repercuten de manera indirecta al consumidor. Dicho tributo se encuentra suspendido temporalmente hasta que concluya el año para amortiguar el impacto de los elevados precios del mercado mayorista de la energía sobre la factura de la luz. La posición de las grandes eléctricas sobre la fiscalidad del sector es que "los impuestos y cargos son una barrera para la descarbonización" dado que "penalizan el consumo eléctrico".

Aelec calcula que la implantación del fondo evitaría la emisión de 1,05 kilotoneladas de C02 equivalente (un 0,0005% de lo que España emitió en 2020) hasta 2030, supondría un ahorro acumulado en la factura de los hogares de 543 millones de euros y podría movilizar una inversión adicional de 935 millones en el período señalado. Además, las ventajas de abaratar la electricidad por esta vía llevarían a incorporar 147.000 vehículos eléctricos al parque móvil nacional y 78.000 nuevas bombas de calor para calentar los hogares. En su conjunto cifran el impacto sobre el PIB del plan en 1.433 millones de euros hasta 2030 y 16.000 empleos adicionales al año hasta esa fecha.

El fondo y la disputa con las eléctricas

El fondo de sostenibilidad es una de las medidas con las que el Ejecutivo pretende abaratar la factura de la luz que en septiembre fue un 44% más cara que el año anterior por la dramática escalada de precios de la energía en el mercado mayorista. Una de las novedades que incluye este plan es que prevé sacar de la factura de la luz los costes de las políticas de fomento a las renovables -las conocidas popularmente como primas, que hasta ahora pagan los consumidores- entre todos los vectores energéticos. 

El sistema prevé que el fondo se nutra de tres fuentes diferentes. Por un lado de aportaciones de las empresas comercializadoras de electricidad, gas y mayoristas de petróleo, cuya contribución Aelec estima en 6,5 € por Mwh suministrado a partir de 2026. Otra parte vendría de lo recaudado con el impuesto a la generación y los ingresos procedentes de las subastas de CO2.

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Sin embargo, el contencioso que mantienen Gobierno y eléctricas no viene por el Fnsse, sino por el recorte de 2.600 millones de euros a los beneficios extraordinarios de las empresas que el Congreso convalidó en el Congreso a mediados de octubre. El pasado septiembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto que recoge la medida, Aelec la calificó de "injusta y desacertada" y el Foro Nuclear -una asociación donde también tienen presencia las grandes eléctricas- amenazó con un cierre anticipado de las plantas nucleares si se aplicaba la medida.

Posteriormente, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió librar de la medida a las eléctricas "garanticen precios estables" y "razonables" que "no internalicen la escalada de precios del gas" en sus contratos con las industrias.