La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha avanzado que presentará "en breve" la ley catalana de memoria democrática que prepara su Conselleria, que incluirá sanciones contra el enaltecimiento del fascismo y los símbolos franquistas en las calles.

En una entrevista en 'El Periódico' este jueves recogida por Europa Press, ha afirmado que la regulación buscará "dar seguridad jurídica y que no se dependa de una interpretación judicial, como ha pasado en Madrid", con una graduación de sanciones disuasorias y proporcionales.

También ha defendido cerrar la sede de la Policía Nacional de la Via Laietana -donde se practicaban torturas en la época franquista-, que "debería ser uno de los símbolos que el Gobierno español pusiera sobre la mesa para acabar con esta imagen de represión", y ha dicho que la Generalitat está dispuesta a negociar sobre la posible cesión de un espacio para el traslado.

Sobre la fecha de cierre de las prisiones de mujeres de Wad-Ras y la Trinitat, ha asegurado que le gustaría cerrar la primera antes de 2027, mientras que el proyecto para sustituir la segunda va más retrasado, en sus palabras: "No me atrevería a apostar por una fecha más cercana que el 2027".

Ciuró ha lamentado el poco interés que, a su juicio, suscita la política penitenciaria en la política, aunque ha sostenido que esa situación ha empezado a cambiar "a partir de los presos políticos", en referencia a los dirigentes independentistas condenados por el 1-O.

"Hay gente que es carne de cárcel, totalmente de acuerdo. Con entornos muy vulnerables, sin formación. ¿Qué se puede hacer? Tener más recursos. El déficit fiscal nos hace mucho daño", y ha dicho que hablará sobre ello con el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos.

Ha defendido aumentar los recursos destinados a formación y, en concreto, mejorar los programas dirigidos a las presas: "No solo han de hacer peluquería, han de poder tener otro tipo de talleres. Si quieren hacer soldadura o lampistería, que lo hagan".

Funcionarios 

Al preguntársele si en las cárceles catalanas hay abusos, ha contestado: "No se lo puedo decir. En todo colectivo siempre hay alguno que se pasa de la raya. Por esto se profundiza en las cámaras de audio y video. Los funcionarios también lo quieren".

Ha defendido que las cárceles catalanas "tienen muy buen nivel, con funcionarios bien preparados, pero falta formación continuada porque han de proceder a veces a hacer reducciones de presos, que es el último recurso".

Sobre si aumentarán la dotación para trabajadores sociales, ha afirmado textualmente que su trabajo es vocacional y que mucha gente no cobra un sueldo digno por el trabajo que hace: "Intentaremos subir los recursos porque el reto es importantísimo, pero esto no vende socialmente. La gente dirá 'se está bien en la cárcel...', pero una cárcel es un fracaso colectivo".

Dimisión del CGPJ

Por otro lado, ha sostenido que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberían dimitir por responsabilidad "si los partidos son irresponsables" y no proceden a su renovación, para garantizar el interés superior de la justicia.

"Con su dimisión provocarían el acuerdo necesario e imprescindible para que haya renovación. Después de mil días, no es solo culpa de los partidos políticos, también hay un cooperador necesario que es el Consejo actual. Solo dimitiendo se conseguirá que se renueve", ha concluido.