El Gobierno vuelve a renunciar a la derogación de la prisión permanente revisable tras el aval del Tribunal Constitucional a la medida que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en solitario hace seis años, cuando contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Pese a que el PSOE y Unidas Podemos tacharon la medida de "populismo punitivo", la luz verde del Alto Tribunal ha frenado sus intenciones. Ya en 2018, cuando Pedro Sánchez alcanzó La Moncloa, los socialistas se escudaron en que se debía esclarecer su recurso ante el Constitucional antes de tomar una decisión, pese a que fue una de las promesas que llevaron en el programa electoral de 2016.

"La sociedad no merece que el Gobierno reabra ahora este debate, que genera incertidumbre, ni que lo haga justo cuando el Constitucional se acaba de pronunciar", declaró la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Pleno que tuvo lugar en el Senado este martes. En su intervención, señaló que la sentencia del Constitucional supone "un antes y un después" y que, en caso de realizar una reflexión para reformar de nuevo el Código Penal en este sentido, merece hacerse con "tiempo y reflexión", lo que no hizo el PP, a juicio de Llop.

En este sentido, la ministra recordó que los populares aprobaron la prisión permanente, que acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de prisión, sin el apoyo del resto de grupos de las dos cámaras parlamentarias, el Congreso y el Senado. Es más, también rememoró que el PSOE fue quien lideró el recurso elevado al Constitucional al considerar que contradecía el artículo 25, el de reinserción social, y también el de penas inhumanas y degradantes. Sin embargo, en su acelerón por resolver cuestiones pendientes antes de su renovación parcial, el Alto Tribunal avaló la medida hace un mes. 

El PP celebra el aval del Constitucional a la prisión permanente revisable y afirma que es una "nueva derrota" para Sánchez

En su sentencia, el Constitucional explicó que la medida del PP no "es una prisión de por vida, sino una pena revisable [a partir del cumplimiento de 25 años de cárcel], pues los beneficios penitenciarios y la libertad condicional la concretan”. Con una ajustada votación de seis votos a favor y cuatro en contra, el Constitucional en la sentencia aprobada también aseguró que la reforma del Código Penal estableció un "sistema individualizado en el que el tratamiento y el régimen penitenciarios que se aplican al condenado se adaptan en todo momento a sus circunstancias personales y a su evolución personal”.

Llop pidió "acatar y respetar la sentencia, se compartan o no los fundamentos" y añadió que, en caso de volver a evaluar el sistema de penas, se deberá hacer "con tiempo y reflexión, ponderando todos los elementos". Estas artistas son la "incertidumbre" que a su juicio sería volver a reformar el Código Penal en este sentido y también el "sentimiento social", que "debe tenerse en cuenta".

Por su parte, el senador del PNV, Imanol Landa, cuyo partido mantiene en el Congreso una reforma para derogar la medida aprobada en 2015, pidió "responsabilidad y altura de miras" a la ministra, a la que solicitó también evitar la deriva de "un derecho penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto". "Debemos asumir como propia la idea de que la defensa de nuestra seguridad no debe suponer el menoscabo de derechos fundamentales", añadió.

Una promesa electoral de 2016, pero no de 2019

La derogación de la prisión permanente revisable fue una de las promesas electorales que el PSOE incluyó en su programa para las elecciones generales de 2016. Cierto es que ese punto desapareció en los documentos que recogieron las propuestas socialistas para las elecciones de 2019, una vez que los socialistas estaban en La Moncloa. Y es que, tras llegar al poder, Pedro Sánchez se escudó en el recurso de su partido al Constitucional para no derogarla y así se lo trasladó la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, al padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, uno de los máximos defensores de esta medida. "Es una victoria para la sociedad", señaló Quer cuando se conoció la sentencia del Alto Tribunal. El asesino de su hija, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, es uno de los 30 condenados con esta medida desde que se aprobó.