El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se enfrenta esta semana a su primer examen ante el pleno del Congreso. Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá ante la Cámara Baja las cuentas pactadas por PSOE y Unidas Podemos para el año que viene, y el jueves se someterán a votación las iniciativas presentadas por PP, Vox, Cs y otros grupos minoritarios para intentar tumbarlas. El Gobierno llegó a un acuerdo in extremis el pasado viernes para que ERC, PNV y EH Bildu no intentaran paralizar la tramitación de los Presupuestos, por lo que tiene asegurado superar este primer escollo. Pero aún tiene trabajo por delante para conseguir el apoyo de estos socios a las cuentas.

Lo que el Congreso votará esta semana son las siete enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que han presentado PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias. Entre todas estas formaciones solo suman 154 apoyos, muy lejos de los 176 que serían necesarios para que el proyecto de cuentas descarrilase nada más comenzar a tramitarse, por lo que el jueves el Gobierno se apuntará un primer tanto de cara a su objetivo: que los Presupuestos para 2022 estén en vigor el 1 de enero. Un día después, el viernes, termina el plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto de cuentas, que pasará a debatirse en comisión.

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Esto significa que el jueves el Gobierno superará su primera bola de partido, pero también que el debate servirá para comprobar los avances de sus negociaciones con ERC, PNV y EH Bildu, así como con otros socios minoritarios como Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, PRC o Teruel Existe. Esta semana será clave para que el Ejecutivo se acerque a estas formaciones, especialmente a las tres primeras, que son las realmente necesarias para aprobar las cuentas. Y el grado de acuerdo que alcance con ellas podrá comprobarse el viernes, cuando finalice el plazo para registrar enmiendas parciales.

Las enmiendas parciales son el instrumento que tienen los grupos parlamentarios para incluir en los Presupuestos sus reivindicaciones, si obtienen los votos suficientes para ello. Pero, en función de si se registran de acuerdo con el Gobierno o no, pueden leerse como un paso que acerca la aprobación de las cuentas o como un instrumento de presión al Ejecutivo para que asuma algunas de las exigencias presupuestarias de sus socios. El año pasado, por ejemplo, Unidas Podemos se alió con ERC y EH Bildu para presentar una enmienda conjunta a los Presupuestos de 2021 que estableciera la paralización de los desahucios de  familias vulnerables y la prohibición de los cortes de suministros básicos hasta 2022. Y, tras varias semanas de polémica, consiguió que el Gobierno aprobase un decreto antidesahucios de más corto recorrido a cambio de retirar la enmienda.

Este año no se prevé que los morados presenten enmiendas a sus propios Presupuestos. Pero sí es muy probable que los socios parlamentarios del Gobierno lo hagan y, si no alcanzan antes del viernes un acuerdo con el Ejecutivo -hasta ahora solo han cerrado pactos de mínimos para no derribar las cuentas a las primeras de cambio-, estas enmiendas se entenderían como una forma de empujar al Ejecutivo a ceder en determinadas materias para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas.

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Para evitar las enmiendas a la totalidad, el Gobierno se ha comprometido con ERC y PNV a abordar de una vez por todas la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña y País Vasco -esta última ya pactada el año pasado- y a "garantizar", dentro de la ley audiovisual que prepara, "un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en lenguas cooficiales" en los contenidos incluidos en los catálogos de las plataformas audiovisuales del estilo de Netflix. No obstante, los nacionalistas ya avisaron la semana pasada de que eso no es suficiente para conseguir su apoyo definitivo a los Presupuestos.

Para ello, el PNV pide que se aceleren las inversiones para llevar la alta velocidad a las capitales vascas y que se "corrija" el descenso en las inversiones en el País Vasco y Navarra. Por su parte, ERC exige para apoyar las cuentas que la mesa de negociación Gobierno-Generalitat para la resolución de la crisis territorial de Cataluña tome brío tras la reunión de septiembre, y reclama al Ejecutivo que identifique "los factores que explican que en Cataluña sistemáticamente la ejecución de las inversiones presupuestadas en los Presupuestos sea sustancialmente inferior a la media estatal". Y EH Bildu solicita no suavizar el recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas aprobado hace unas semanas por el Gobierno y, además, que se cumpla la promesa de derogar la reforma laboral.

De hecho, los tres partidos se han apresurado a resaltar que no presentar enmiendas a la totalidad no muestra más que su disposición a seguir dialogando con el Ejecutivo. "No es un acuerdo para los Presupuestos", sino "un acuerdo previo para hablar", planteó el sábado el PNV, mientras ERC asegura que únicamente ha abierto "la puerta a la negociación" y EH Bildu ha avisado de que no piensa dar al Gobierno un "cheque en blanco" para aprobar las cuentas.

Y es que los socios del Ejecutivo llevan toda la legislatura quejándose de que el presidente Pedro Sánchez da por sentado que tiene sus apoyos y solo se acerca a ellos en el último momento y después de haber provocado su enfado, y algunas fuentes nacionalistas han denunciado estas semanas que la negociación para los Presupuestos avanza muy lentamente. Y las críticas no vienen solo desde fuera del Gobierno, ya que fuentes de Unidas Podemos confirman que los morados tampoco están muy contentos con la actitud del PSOE, del que aseguran que actúa como si tuviera mayoría absoluta.