La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha explicado que esta norma, que aprobó el Govern como decreto ley en el mes de mayo y que el Parlament acordó tramitar como ley, incluye "instrumentos para poder actuar de forma urgente cuando haya una crisis sanitaria".

"La experiencia de la COVID-19 ha hecho actualizar la normativa porque nunca nos habíamos encontrado en una situación de estas características", ha expuesto Costa, recordando que después de un año y medio de pandemia, "se tiene mucho más conocimiento de las medidas que se pueden tomar y de las condiciones en las que deben tomarse".

La votación de este proyecto de ley estará sujeta a otro punto del pleno, que es el debate y votación del escrito, presentado por el Grupo Popular, mediante el que solicita un dictamen al Consell Consultiu en relación a este proyecto de ley.

El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Toni Costa, ha dicho que el PP ha hecho esta solicitud "porque hay visos clarísimos de inconstitucionalidad en este decreto ley que ahora se quiere convertir en proyecto de ley".

OTROS TEMAS DEL PLENO

Otros de los temas que se debatirán durante la sesión plenaria del próximo martes serán la moción del Grupo Popular relativa a política general del Govern balear en relación al sector audiovisual. Los 'populares' también interpelarán al Ejecutivo sobre la política de agricultura y ganadería.

Asimismo, en las preguntas de control al Govern se abordarán temas tales como que el Supremo anulara el Decreto sobre el conocimiento del catalán, la agresión a una directora de un colegio de Son Gotleu, la peligrosidad de la variante Delta Plus de la COVID-19, el impuesto de plusvalías y la ley de vivienda estatal, entre otros.

Respecto a la anulación del Decreto sobre el conocimiento del catalán, la coordinadora autonómica de Ciudadanos Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha reclamado al Govern que modifique la Ley de Función Pública para que el catalán sea un mérito y no un requisito, y así "acabar con las barreras lingüísticas" a los profesionales sanitarios.

Mientras, en relación al impuesto de plusvalías, y después de su anulación por el Tribunal Constitucional (TC), los Grupos Popular y Ciudadanos han reclamado una compensación para los ayuntamientos, mientras que el Grupo Socialista ha pedido reformar los artículos que sean necesarios para que haya seguridad jurídica para cobrar este impuesto.

Así, el portavoz del Grupo Popular, Toni Costa, ha asegurado que la sentencia del Constitucional es "un golpe muy duro para el ámbito municipal" y ha considerado que el impuesto "ha caído por la dejadez del Gobierno". De este modo, ha solicitado que se compense a los municipios "por esta pérdida de recaudación", así como "modificar la norma para que sea absolutamente constitucional".

También, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Patricia Guasp, ha lamentado que la anulación de este impuesto "afecta a los ciudadanos y a los ayuntamientos a las puertas de los presupuestos", dado que "es una financiación muy importante que van a perder". Por ello, ha pedido "un acuerdo urgente para reformar este impuesto injusto de cara a los ciudadanos" y que haya una compensación para los consistorios.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha apuntado que "lo que urge es reformar estos artículos para que los ayuntamientos tengan seguridad jurídica a la hora de cobrar este impuesto".

Desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta de la formación en el Parlament, Esperança Sans, ha señalado que, "si se confirma lo peor, es una mala noticia para los ayuntamientos porque es una recaudación importante". "Pensamos que una ley de financiación local que permita la autonomía y la sostenibilidad de los ayuntamientos sería clave", ha añadido.

MÉS per Mallorca, por su parte, ha reclamado una solución de tipo "urgente" y que sea "dialogada" con los ayuntamientos para poder ofrecer una respuesta adecuada que posibilite mantener las cuentas municipales, porque "el futuro de muchos consistorios queda en una situación de incertidumbre" dado que ya arrastran las consecuencias de la crisis de la COVID-19.

Por su parte, el portavoz del Grupo El PI, Josep Melià, ha descartado hacer valoraciones sobre el impuesto de plusvalías: "No conocemos el fondo de la sentencia y no estoy en condiciones de hacer ninguna valoración".

Finalmente, sobre la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros, PSIB y Unidas Podemos han aplaudido la medida al considerar que permitirá que la vivienda sea considerada "un derecho".

Así, la portavoz adjunta de la formación morada, Esperança Sans, ha explicado que "esta ley marcará un antes y un después en España y en la democracia porque será la primera Ley de Vivienda". "Por fin la vivienda será un derecho y no un bien especulativo como lo ha sido hasta ahora", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha asegurado que la Ley de Vivienda "es un texto "que recoge lo que ya avanzaba la ley autonómica para garantizar la función social de la vivienda y que ésta sea percibida como un derecho".