El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tardó cinco días en informar a la Audiencia Nacional de la llegada a España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Ghali entró en territorio español el 18 de abril y Marlaska solicitó al Ministerio de Exteriores que informase de la presencia en territorio español del líder del Polisario a la Audiencia el 23 de abril, un día después de que lo publicase la revista Jeune Afrique y lo confirmasen a 20Minutos fuentes diplomáticas. La Audiencia reactivó la causa por genocidio contra Ghali un mes después, aunque finalmente terminó siendo archivada.
Así lo aseguró este viernes la jefa de gabinete del ministro, Susana Crisóstomo, que declaró como testigo en el Juzgado de Zaragoza que mantiene imputada a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por estos hechos. Según fuentes jurídicas consultadas por 20Minutos, Crisóstomo recibió órdenes de Marlaska el día 23 para solicitar a Exteriores que trasladasen la información a la Audiencia. El día anterior, la revista francesa había adelantado la llegada a España del líder del Polisario para ser tratado en un hospital de Logroño. Según confirmaron a este diario fuentes diplomáticas, Ghali fue ingresado en estado grave con el nombre falso de Mohamed Benbatouch y una identidad argelina para evitar problemas con la justicia española.
Y es que, la Audiencia tenía pendiente juzgar a Ghali por un delito de genocidio. El juez competente, Santiago Pedraz, reactivó la causa el 18 de mayo, un mes después de su entrada en España. El líder del Polisario declaró por videollamada el 1 de junio y el magistrado rechazó adoptar medidas cautelares al no ver indicios de delito. Tras declarar, Ghali abandonó España rumbo a Argelia al día siguiente, desde donde siguió tratándose de su cáncer de pulmón.
Cabe recordar que la entrada de Ghali derivó en una crisis diplomática con Marruecos, que suavizó los controles de salida del país. Ello provocó una llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, llegando a contabilizarse en más de 8.000 las personas que lograron entrar a la ciudad autónoma y que tuvieron que ser expulsadas. Las relaciones entre ambos países, no obstante, ya se normalizaron. El 12 de octubre, día de la fiesta nacional, el Mohamed VI envió una carta al Rey Felipe VI en la que se mostró satisfecho de los "sólidos vínculos de amistad que unen a las dos familias reales" y expresó sus "sinceros deseos de salud y felicidad a los soberanos".
Calvo no estaba informada
Este viernes también declaró como testigo la jurista María Isabel Valldecabres, que era directora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Según las mismas fuentes, Valldecabres aseguró que su jefa le pidió información precisa sobre si Ghali iba a entrar en España el 15 de abril, tres días antes de su llegada. Eso sí, declaró que no volvió a hablar con el Ministerio de Exteriores sobre la cuestión.
Tanto la exjefa de gabinete de vicepresidencia como la actual jefa de gabinete de Interior fueron citadas a petición de las acusaciones personadas en la causa. La acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, reclamó la comparecencia de Crisóstomo en el marco de su tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó "con otros Ministerios" la entrada del líder polisario a España.
El letrado señaló a la cartera de Interior, "habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Ghali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales", algo que desconoció en sede judicial el ex jefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino. Las acusaciones solicitaron la declaración de la que fuera número dos de Carmen Calvo tras la comparecencia de Villarino, quien -según fuentes jurídicas- señaló a la exdirectora de gabinete de la vicepresidencia primera como conocedora de la entrada de Ghali en España.
Las dos declaraciones se suman a la serie de testificales que se han practicado en Zaragoza en el marco del procedimiento, en el que ya han sido interrogados -como investigados- la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el que fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino. Laya, no obstante, se acogió a la Ley de Secretos Oficiales para no dar detalles sobre la operación.
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