Basta una simple búsqueda en Google para comprobar lo barato que es obtener los servicios de un abogado. Para cuestiones clásicas, como un divorcio, hay ofertas de 50 euros. Cuestiones más novedosas, como la anulación de multas impuestas por el estado de alarma tumbado por el Tribunal Constitucional, pueden costar alrededor de 36. Sin embargo, ese no es su precio real. Al menos, eso defiende la Confederación de la Abogacía Joven, que denuncia la "precarización" de la profesión que provoca la expansión de estos servicios 'low-cost'. Más ahora con el 'boom' de asuntos judiciales por conflictos derivados de la pandemia. Estos precios esconden, según la asociación, la baja calidad de la asistencia jurídica y la utilización de abogados como falsos autónomos. Desde grandes bufetes que lanzan estas ofertas, en cambio, sacan a relucir su gran porcentaje de éxito y esgrimen que los bajos precios "democratizan" la Justicia.

"Los servicios de abogacía 'low-cost' llevan a denigrar la profesión", argumentan desde la Confederación, que señala que "para poder sostener unas condiciones laborales dignas, una remuneración adecuada y una buena percepción de la abogacía por la ciudadanía", son los abogados quien deben "respetar la profesión", sin bajar en demasía los precios y sin publicitarlos. Para Alberto Cabello, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid -asociación integrada en la Confederación- los servicios económicos son un "engaña bobos", porque detrás de esos precios se esconde "poca calidad del trabajo o el aumento del precio conforme se va realizando el servicio". 

Las causas por Covid ya ocupan a uno de cada tres abogados

Según explica a 20Minutos, este tipo de ofertas económicas no son nuevas. El baremo que marcaba los precios de cada servicio se eliminó en 2014. Hasta entonces, los colegios de abogados tenían criterios de honorarios que usaban como base para presupuestar sus servicios. Sin embargo, una norma europea dejó sin efecto esas tablas y dio paso "al libre alberdrío" de los precios. Sin embargo, Cabello asegura que el problema se ha agravado tras la pandemia por el gran volumen de contenciosos que ha traído consigo. Sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, alertó en julio de la "avalancha" de contenciosos que esperaban por la Covid y a comienzos de año las causas por coronavirus ya ocupaban a uno de cada tres abogados, según el Barómetro Interno de la Abogacía elaborado por la empresa Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española.

Otra de las consecuencias de estos servicios low-cost que cita Cabello son las condiciones a las que muchos abogados se ven obligados a someterse por estar en grandes firmas. Es el caso de Laura -nombre ficticio-, que trabaja en uno de estos bufetes que se nutren de ofertas de abogacía barata. Pese a tener una carrera y un máster, su empresa se negó a hacerle un contrato laboral y firmaron uno de "pasantía", porque supuestamente la empresa le iba a formar. No obstante, le dieron directamente la dirección de un departamento y ahora su misión es captar clientes. Desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la tarde. Sin sueldo. "Esta es mi realidad", denuncia.

Los grandes bufetes defienden su porcentaje de éxito

Como ejemplo de empresa que da servicios 'low-cost', Cabello cita a Arriaga Asociados. Creada en 2011, llegó a facturar más de 50 millones en 2017 y se dio a conocer por su estrategia publicitaria, llegando incluso a contar con el exfutbolista Íker Casillas. No obstante, ellos niegan ser un bufete que ofrezcan servicios más baratos de lo habitual. En declaraciones de una de sus portavoces a este diario, aseguran que siguen "todo lo contrario a una estrategia 'low-cost'".

En este sentido, cuentan que no tienen un precio bajo, sino que dan "facilidades" al cliente "con un pago inicial pequeño" y que "soportan los costes que genera el asunto hasta que el cliente recupera su dinero". Entonces es cuando cobran el resto, que dicen que es "mínimo" porque, al tener una tasa de éxito del 95%, los costes suelen ser cargados a la otra parte. Es por ello que rehuyen de las críticas de la Confederación. En este sentido, argumentan que sus precios y su asesoramiento gratuito a los clientes no conllevan una baja calidad ni la "precarización" de la profesión, sino todo lo contrario: ayudan a "democratizar" la Justicia.