El imparable aumento del precio de la electricidad y los combustibles ha situado la inflación en cotas que no se veían desde 1992, hace nada menos que 29 años. Y que el IPC esté en el 5,5%, lejos de ser tan solo una cifra, se nota y mucho en los bolsillos de trabajadores y pensionistas.
Tanto es así que, según reflejan los datos recopilados por 20minutos de fuentes y estadísticas oficiales, los asalariados acogidos a convenio, los perceptores del salario mínimo y quienes cobran una pensión han sufrido en este año 2021 la mayor pérdida de poder adquisitivo de, al menos, las últimas dos décadas.
Fue este jueves cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo pública esa cifra del 5,5% de incremento de los precios, un porcentaje un punto y medio superior al de septiembre y que refleja el importante encarecimiento de la cesta básica de productos en comparación con octubre del año pasado. El propio INE explica que buena parte de este crecimiento se debe a "las subidas de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el gas".
Esta cifra histórica de inflación se ha comido los incrementos salariales y de las pensiones de los que se han beneficiado trabajadores y pensionistas en 2021. Quienes han salido peor parados han sido los funcionarios y quienes perciben prestaciones contributivas: en enero, el Gobierno revalorizó el sueldo de los empleados públicos y las pensiones de jubilación un 0,9%, lo que supone que, a lo largo del año, funcionarios y pensionistas han perdido 4,6 puntos de poder adquisitivo. O lo que es lo mismo: en términos reales, cada 100 euros que cobraban a principios de año ahora equivalen a solo 95,4.
La reforma de las pensiones que tramita el Ejecutivo garantiza que los pensionistas recuperarán esta cantidad perdida a partir de enero, ya que su prestación se actualizará con el IPC con el que finalmente acabe 2021. Por el contrario, la subida prevista del sueldo de los funcionarios para el año que viene es del 2%, lo que supondría que, de un año para otro, los empleados públicos se habrían empobrecido 3,5 puntos, siempre y cuando la inflación se mantenga en las cifras actuales –la mayoría de analistas predicen que aún podría subir algunas décimas antes de que acabe el año–.
Tampoco hay noticias mucho mejores para los asalariados del sector privado, cobren el salario mínimo o tengan su sueldo sujeto a convenio. La subida del sueldo mínimo aprobada en septiembre -de 950 a 965 euros al mes- fue de apenas un 1,57%, es decir, 3,9 puntos menos de lo que ha crecido el IPC hasta octubre. Por su parte, los salarios acogidos a convenio han crecido, de media, un 1,46% este 2021: cuatro puntos menos que la inflación. Y quienes perciben pensiones mínimas o no contributivas han visto como la cuantía de estas, en términos reales, ha decrecido 3,7 puntos por el aumento de los precios de la luz y los carburantes.
Una caída histórica
No es la primera vez que el encarecimiento de la cesta básica de la compra provoca que trabajadores y pensionistas se empobrezcan. Pero, este 2021, ese empobrecimiento está siendo el mayor en dos décadas, y además este año es el primero desde 2016 en el que todos los grupos analizados -asalariados vinculados a convenio, funcionarios, pensionistas y perceptores del salario mínimo- pierden poder adquisitivo a la vez, y además de manera mucho más acusada que hace un lustro. Entonces, quienes vieron más mermada su capacidad de compra fueron los pensionistas, ya que la subida del 0,25% en su prestación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy se quedó muy corta frente al 1,6% que crecieron los precios.
De hecho, para encontrar pérdidas de poder adquisitivo tan importantes como las experimentadas este año hay que retroceder hasta el año 2010, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, acuciado por un déficit disparado y la presión de los acreedores, aprobó un tijeretazo sin precedentes en el sueldo de los funcionarios. De media, Zapatero bajó un 5% los sueldos de los empleados públicos ese año, lo que, sumado a que los precios subieron un 3%, provocó que los funcionarios perdieran de un año para otro nada menos que el 8% de su capacidad de compra.
En 2010, no solo los funcionarios perdieron poder adquisitivo, aunque ninguno de los otros grupos analizados sufrieron un bache tan importante. Las pensiones de jubilación perdieron dos puntos de capacidad de compra, mientras el salario mínimo y los sueldos privados sujetos a convenio se redujeron, en términos reales, un 1,5%. El único grupo que salió indemne fueron los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, que vieron crecer su poder adquisitivo un 1,6%.
Los funcionarios se han empobrecido sensiblemente
La pérdida de capacidad de compra de los funcionarios se vio agudizada en los tres años siguientes, ya que el Gobierno -ya con Rajoy en la Moncloa- mantuvo congelados los salarios públicos mientras el coste de la vida siguió creciendo, un 5,6% en total. De hecho, descontada la inflación, no hay grupo de entre los analizados que se haya empobrecido más que los funcionarios en los últimos 20 años. Desde 2001, los empleados públicos han perdido un 12,4% de capacidad de compra, mientras los asalariados sujetos a convenio, por el contrario, han ganado han ganado un escaso 1,8% de poder adquisitivo.
Las pensiones contributivas, al igual que el sueldo de los funcionarios, se han reducido: en total, un 5,4% en términos reales. Por el contrario, las prestaciones mínimas y no contributivas han aumentado una media del 25,8%, descontado el crecimiento de los precios. Y el salario mínimo ha crecido casi un 43% -asumido el efecto de la inflación-, habiendo ganado casi la mitad de toda esta capacidad de compra en 2019, cuando pasó de 735,9 euros mensuales a 900 euros.
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