Sánchez reivindica la moción de censura tras la condena por la "corrupción" en la sede del PP y presume de ejemplaridad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves.
EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó este jueves la moción de censura que desalojó al PP del poder en 2018 y le permitió alcanzar la Moncloa, después de que la Audiencia Nacional haya condenado al extesorero de los populares, Luis Bárcenas, por el pago en negro de las obras de reforma de la sede del partido, el histórico edificio del número 13 de la calle Génova.

Desde Trujillo (Extremadura), donde participó en la cumbre hispanoportuguesa, el líder del Ejecutivo contrapuso el "contexto realmente dramático" de "austeridad", "recortes muy dramáticos" y subidas de impuestos a las "clases medias y trabajadoras" a los "casos de corrupción" que se produjeron durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez presumió de que "ese tiempo afortunadamente pasó, porque hubo una moción de censura y porque hay un Gobierno comprometido con la ciudadanía, que maneja los recursos de forma ejemplar".

En la sentencia conocida este jueves, la Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a Bárcenas como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable, al considerar probado que pagó en negro la reforma de la sede del PP. El tribunal cifra en más de un millón de euros la cantidad de dinero que el extesorero transfirió a la empresa Unifica, quien realizó las obras, y que no fue declarada.

Asimismo, considera de nuevo probada la existencia de una caja b que gestionaba el propio Bárcenas, da veracidad a ciertas anotaciones de los papeles del extesorero y condena al PP como responsable civil subsidiario por no ejercer "un control adecuado" sobre la gestión de Bárcenas. El exgerente del PP, Cristóbal Páez, y la socia de Unifica, Laura Montero, quedan absueltos y Gonzalo Urquijo y Belén García, arquitectos y socios de Unifica, son condenados a dos años y 9 meses de cárcel y a una multa de 2,6 millones de euros, por un delito contra la Hacienda Pública.

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