CSIF critica "la falta de negociación en el recorte de horas a los profesores de Religión"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se suma "a la indignación de los profesores de Religión y denuncia la falta de negociación en la decisión unilateral, por parte del Gobierno de La Rioja, de reducir al mínimo las horas lectivas de las clases que impartirán desde el próximo curso escolar".

La Ley 5/2021, de 26 de octubre, sobre enseñanza de Religión y sus alternativas, de ámbito autonómico, entra en vigor hoy "sin que haya contado con la necesaria negociación y aprobación del sindicato que ostenta la mayor representación de estos profesores en La Rioja. Unos docentes que no han tenido la menor consideración por parte del Ejecutivo regional, ante un claro abuso de poder y manifiesta indefensión laboral", afirman desde el sindicato.

En este mismo sentido, CSIF exige "que se respeten los derechos y condiciones laborales de un colectivo que en la Comunidad Autónoma de La Rioja está formado en su mayoría (casi un 80 por ciento de la plantilla) por mujeres, cuya precaria situación laboral empeorará a partir del año que viene".

Estos docentes son personal laboral; por tanto, cobran por horas "y el perjuicio que van a sufrir en sus nóminas va a ser considerable sin que el empleador les haya ofrecido ninguna otra alternativa o solución a los problemas que se les presentan", afirman.

La Administración -continúan- "tampoco ha tenido en cuenta la imposibilidad del profesorado de impartir de manera adecuada el currículo establecido para la asignatura de Religión".

Asimismo, la Consejería "también ha ignorado el hecho de que el 70% de las familias riojanas optan por dicha asignatura. Es evidente que ha priorizado una visión politizada de la educación y ha despreciado los criterios pedagógicos".

Finalmente, CSIF reprocha a la Administración "que no haya atendido las opiniones ni de los trabajadores ni de sus representantes sindicales y no descarta tomar las posibles acciones legales oportunas para salvaguardar los derechos laborales de estos profesionales de la educación pública".

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